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La Fiscalía General de la República de Cuba reconoció que se han procesado a 790 personas en el país por manifestarse el 11 de julio de 2021 para exigir Libertad.
En un mensaje oficial dirigido "al pueblo y a la opinión pública internacional" informaron sobre la respuesta legal dada por el Estado cubano a las protestas del 11J, definidas como "graves hechos" que "atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad" del sistema socialista.
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La Fiscalía General dijo que "recibió 117 expedientes de fase preparatoria". Según la versión oficialista son "correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos".
Señalan que el 21% de estas personas tenían antecedentes penales. Además, especificaron que ante los tribunales cubanos se han presentado "110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento". El 69 % de estos casos tienen la medida cautelar de prisión provisional.
Se refirieron también a las detenciones de menores de edad, señalando que "del total de acusados en estos expedientes, 115 tienen entre 16 y 20 años de edad".
La Fiscalía señaló que contra esos jóvenes y adolescentes "se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales, por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación".
Hay 55 casos de personas que se encuentran entre 16 y 18 años de edad, y 28 de ellos están con la medida cautelar de prisión provisional. Solo a 18 de estos acusados la Fiscalía les modificó la solicitud de sanción, "por otras de menor severidad".
Entre ellos está el caso de Samuel Torres Durán (17 años) huérfano de madre y padre que inicialmente le pedían 18 años de privación de libertad. También se incluye en este rango el caso de Jonathan Torres Farrat, preso sin petición fiscal, cuya madre realiza un fuerte activismo por su liberación, o el de Rowland Jesús Castillo Castro acusado de sedición a quien la fiscalía le pide 23 años de privación de libertad.
La Fiscalía señala que hay en Cuba 60 casos de individuos que tienen entre 19 y 20 años de edad, de los cuales 41 tienen prisión provisional.
Aseguraron que la decisión de sostener la acusación ante los tribunales "en todos los casos estuvo basada en los medios de prueba aportados", entre los que citan "declaraciones de testigos y víctimas, peritación de videos publicados en diferentes medios y otros ocupados". Sin embargo, no en todos los casos los testigos pudieron identificar a los acusados.
Varios familiares de manifestantes han asegurado que los juicios son montajes en los que los abogados apenas pueden ofrecer pruebas, como en el caso de Chadrián Vila Sequín, condenado a 11 años de cárcel y plantado en huelga de hambre.
La Fiscalía se refirió particularmente a las acusaciones por el delito de sedición que implica sanciones severas, como son los casos de Kevin Damián Frómeta (20 años de edad) quien tiene sentencia de 18 años de cárcel, o el caso de Yosvany Rosell García Caso (33 años de edad), quien enfrenta una petición fiscal de 30 años de privación de libertad.
Indicaron que la determinación de acusar por el delito de sedición, "se corresponde con el nivel de violencia demostrado" y con conductas vandálicas que la versión oficialista asegura "causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden".
En criterio de la Fiscalía "las sanciones solicitadas están en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad".
Indican que se han realizado en el país 84 juicios relacionados con las manifestaciones del 11J. Aseguran que se han notificado "44 sentencias dictadas por los tribunales, en las que fueron sancionados 172 acusados".
En este sentido es importante destacar que la Fiscalía omite que los juicios son colectivos y se caracterizan por el hermetismo, la fuerte presencia policial y solo permiten un familiar por acusado. Además, no hay prensa, lo que atenta contra la transparencia y el principio de publicitar los procesos judiciales.
El comunicado especifica que los menores de 16 años de edad no son sujetos del Derecho Penal en Cuba. Aseguran que tras las investigaciones se acreditó la participación de 27 personas en este rango de edad en las manifestaciones.
"Se les aplicó el procedimiento legal establecido: 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios", asegura el texto.
La Fiscalía con esta información desmiente las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez cuando aseguró que en Cuba no había niños presos por el 11J.
Otro acápite tratado fue la solicitud de información por parte de los familiares de los detenidos, así como las quejas o peticiones en distintos casos.
En este sentido aseguran que la Fiscalía "atendió a 508 ciudadanos que solicitaron información sobre estos procesos penales y tramitó 238 quejas o peticiones". Aseguran además que los "fiscales entrevistaron a las personas y comprobaron los elementos expuestos que se aportaron a la investigación penal".
Respecto a los resultados de estas quejas o peticiones aseguran que "fueron explicados personalmente por el fiscal a los promoventes, ofreciéndose los argumentos legales en cada caso".
La Fiscalía omitió información sobre personas detenidas en las manifestaciones que tienen problemas psiquiátricos, cuyos padecimientos han sido desestimados por instructores de los casos. En ese grupo de personas con discapacidades, aunque no mentales, está Miguel Enrique Girón, de 27 años, con petición de 25 años.
La Fiscalía considera que los medios de comunicación independientes y otros países pretenden "acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos, tratando de deslegitimar los procesos penales iniciados para investigar conductas constitutivas de delito, de acuerdo con las leyes vigentes".
Este lunes también el canciller cubano Bruno Rodríguez declaró a través de sus redes sociales que los procesos judiciales contra los manifestantes del 11J se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de los estándares internacionales aceptados.
Varias organizaciones internacionales se han sumado a las denuncias de las familias de manifestantes del 11J y alertan sobre la falta de visibilidad mediática que tienen estos procesos judiciales en Cuba.
Desde noviembre de 2021 Justicia 11J y Cubalex exigieron "sobreseimiento libre y total con carácter inmediato de todos los procesos que estén en manos de la Fiscalía, así como de los casos que ya fueron presentados por la Fiscalía al tribunal, sin que se haya efectuado juicio".
La Fiscalía General de Cuba no mencionó, ni en una sola ocasión en su texto, la existencia de presos de conciencia en el país tras las protestas del 11J, a pesar de que la mayoría de las manifestaciones transcurrieron de modo pacífico para exigir el cambio político y la Libertad.
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