La familia del joven cubano Mainel Manuel Ulloa Sánchez, asesinado a los 23 años en el municipio Bolivia, Ciego de Ávila, denunció las presuntas irregularidades que cometieron profesionales de Salud Pública y que contribuyeron a su muerte.
Ulloa Sánchez, que trabajó como salvavidas, se encontraba el 15 de mayo del año pasado en la playa de Cunagua y sobre las dos de la madrugada un individuo lo apuñaló por la espalda, provocándole graves lesiones en uno de los riñones, pulmones y el páncreas.
Al asesino, que se identificó como César Sarduy, lo sancionaron a 18 años de privación de libertad y la familia mostró inconformidad con el proceso, porque si mantiene un buen comportamiento en la cárcel puede estar mucho antes en la calle.
Yudelsa Ulloa Sánchez, hermana de la víctima, relató a CiberCuba el sufrimiento de la familia desde entonces y sostiene que si las autoridades sanitarias hubiesen actuado de manera correcta hoy el joven estaría vivo.
"No hay amor por la vida humana y la violencia está cada día peor. Si no hay un cambio de sistema, tristemente muchas familias sentirán el dolor por el que pasamos los familiares que perdemos un ser querido", dijo a este medio la joven cubana.
Los padres del asesinado denunciaron ante las instituciones gubernamentales las irregularidades que, irónicamente, pusieron fin a la vida de alguien que se dedicó a salvar a otros.
Relataron que primero le brindaron asistencia en el policlínico de Bolivia, donde por falta de recursos no realizan intervenciones quirúrgicas, así que llamaron a una ambulancia para que lo trasladaran a otra institución médica.
El conductor del vehículo se negó a entrar en el hospital de Morón, aunque era el más cercano, porque allí solo recibían los casos con coronavirus, así que lo llevaron hasta la cabecera provincial.
En la ambulancia iba una muchacha que fue testigo de las irregularidades que se cometieron, y contó a la familia que no iban a toda velocidad porque había problemas técnicos y tampoco contaban con la suficiente cantidad de bolsas de sangre para transfundir al joven.
"El desamor y la falta de ética profesional de la salud en nuestro país desgraciadamente es bochornosa, presumen de ser una potencia médica que no tenemos, hay carencia de recursos mínimos para garantizar la vida de nuestro pueblo", sostienen.
La familia Ulloa Sánchez denunció ante la Fiscalía y la Policía a los responsables de la ambulancia y la doctora que lo recibió en el policlínico por presuntas malas prácticas y negligencia, pero se negaron a tramitarlas.
También enviaron una carta al despacho de Miguel Díaz-Canel, al ministro de Salud Pública, a la Mesa redonda, así como otros medios de comunicación y hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.
"Están amenazando y coaccionando a mi familia para que todo se quede de esta manera, porque demandar a la Fiscalía es estar en contra del gobierno. Tenemos evidencias, audios, documentos y un pueblo entero pidiendo justicia", comentó la joven.
La familia desea que se haga justicia, porque el asesinato de Ulloa Sánchez no solo puso fin a su vida, sino que dio inicio a un dolor insuperable para todos los que le conocieron.
Durante el proceso judicial tampoco hubo mucha transparencia, porque la Fiscalía, que se supone representa los intereses del pueblo, se negó a llevar testigos claves con el pretexto de que sus vidas corrían peligro, porque el asesino prometió vengarse si declaraban en su contra.
A los parientes del joven asesinado tampoco le notificaron cuándo sería la vista, y se enteraron gracias a unos amigos. Tampoco entienden la posición de la Fiscalía, porque creen que si hubiesen asistido todos los testigos la sentencia hubiese sido mayor.
"Mi hermano nunca tuvo problemas con nadie y menos con su asesino. Lo mató porque, según me contaron, le tenía envidia. Supe también que ya preso, su asesino le dijo a los policías que no se arrepentía. Ese hombre se merece la pena máxima y el mundo entero conocer la verdad, porque no me gustaría que otras familias pasen por esta situación", finalizó la hermana.
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