La organización no gubernamental Justicia 11J decidió apelar la decisión de declarar improcedente la petición de Hábeas Corpus en favor de la activista Camila Rodríguez, a raíz de su detención el pasado 1 de febrero.
Según una publicación compartida en Facebook, el documento presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular constituye un gesto de defensa no solo de los derechos constitucionales de Rodríguez, sino también del resto de los 14 detenidos en las afueras del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, entre ellos familiares de presos políticos y activistas.
Las detenciones ocurrieron en momentos en que se realizaba el juicio contra 33 manifestantes del 11 de julio.
El post enumera los motivos para presentar la apelación, entre ellos, “la omisión de la realización de la vista y la práctica de las pruebas, que dio lugar a la resolución del procedimiento únicamente con lo aportado por la parte señalada como violadora de la legislación vigente, y que coloca a Rodríguez en un mayor estado de indefensión”.
La organización dijo que la negativa al Hábeas Corpus resulta además una transgresión de la garantía constitucional de derecho a la justicia, establecida en el artículo 46 de la Carta Magna.
Otra de las razones tiene que ver con “la decisión de la Sala de no celebrar vista desvirtúa la finalidad del recurso de Hábeas Corpus, destinado a proteger a las víctimas contra detenciones ilegales, arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a fin de garantizar su derecho a la libertad y seguridad personal” y la no verificación de las arbitrariedades cometidas por los agentes de la policía y la Seguridad del Estado, como muestra de la parcialidad de la institución judicial con el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía cubana.
Asimismo, Justicia 11J explicó que el precepto de orden público no existe para ser invocado y contribuir a “suprimir un derecho garantizado por la Constitución, ni para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real".
El post señala además que Cuba es parte de las Convenciones contra la Tortura y contra las Desapariciones Forzadas, disposiciones jurídicas internacionales que de ser cumplidas implican que el Estado evalúe sistemáticamente las normas, métodos, construcciones y prácticas de interrogatorio, además de las regulaciones sobre la detención y el tratamiento de personas sometidas a cualquier tipo de arresto, para evitar todo caso de tortura.
La organización, exige también “la liberación inmediata de todas las personas detenidas en similares condiciones, así como la libertad de todos los presos políticos, a quienes se les ha violado de manera sistemática todos los derechos” y el restablecimiento de las libertades humanas y constitucionales de los presos políticos cuyos familiares estuvieron presentes en la protesta.
Destacan aquí el caso de Yunaikis de la Caridad Linares, detenida en prisión de mujeres del Guatao, a quien le han negado la entrada de la jaba así como las visitas por 6 meses y la amenaza realizada a Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo, por parte de la Seguridad del Estado, de enviarlo a una prisión en Guantánamo, si ella continúa reclamando la libertad del joven.
La publicación de Justicia 11J, contiene al final un recuento de sus estadísticas. Hasta el momento se ha documentado la detención de 1,397 personas en relación con las protestas de julio; de ellas, continúan en detención 727.
También se ha podido registrar el enjuiciamiento de 440 cubanos, 47 de forma sumaria, mientras quedan pendientes 64 juicios, de acuerdo al acceso de esta organización a las peticiones fiscales. De las 93 personas detenidas por su relación con la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, permanecen encarceladas nueve.
El texto hace mención al exilio forzoso de la activista Carolina Barrero, quien fue obligada por el régimen cubano a abandonar el país. Este viernes la también historiadora de arte realizó una conferencia de prensa en Madrid, explicando entre otros asuntos las circunstancias de su salida de Cuba.
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