El preso del 11J Cruz García Domínguez protagoniza una huelga de hambre en protesta a la sentencia dictada el pasado 14 de febrero por el Tribunal Provincial Popular de Holguín y a la que se ha sumado su esposa en solidaridad; fue sancionado por delito de sedición a 17 años de privación de libertad, la misma cantidad de años que tenía cuando participó en la guerra de Angola.
El día del amor y la amistad, 20 holguineros fueron sancionados a hasta 20 años de privación de libertad en relación las protestas antigubernamentales del 11 de julio. La entrega de las sentencias debió ser el día 11, a un mes de haber comenzado el juicio en su contra y a siete del estallido social.
Con tres días de retraso, familiares y acusados conocieron la magnitud de la represión de un régimen que, tal vez sin proponérselo, ha convertido en disidente a un baluarte de la “revolución”. Cruz es la muestra palpable de cómo esa "revolución" usa a sus hijos y los desecha.
Sentencia de muerte
Ese 14 de febrero, al conocer que pasaría 17 años en prisión, Cruz comenzó una segunda huelga de hambre; la primera fue tras ratificar Fiscalía el 14 de enero la petición de 25 años solicitada por el fiscal Fernando Sera Planas en el Expediente en Fase Preparatoria No. 11 de 2021 (EFP).
El ex-combatiente “prefiere dejar su vida de esta manera a cumplir sanción injustamente”, aseguran familiares. La reducción de ocho años de cárcel no es suficiente y la familia García Domínguez considera que 17 años de cárcel es una condena excesiva. Realmente, en el caso de Cruz, es una sentencia de muerte.
El carpintero sufre de Parkinson desde hace unos años y cada día que pasa en prisión su salud se deteriora más y le resulta más difícil valerse por sí mismo. Su esposa, Virgen María Naranjo Naranjo, que ha estado a su lado durante casi 40 años, lo sabe y ha decidido plantarse también desde la casa para acompañar y apoyar a su marido.
Mari, como es conocida por todos, lleva cuatro días en huelga de hambre y responsabiliza a las autoridades de lo que pueda suceder con ambas vidas que se apagan.
En un mensaje a CiberCuba, la madre de dos hijos dijo que no piensa darles la satisfacción a los represores de su compañero de toda la vida de separarlos de forma arbitraria, por eso ha estado cuatro días sin ingerir alimentos.
“Yo tomé la decisión porque nosotros llevamos casi 40 años juntos porque si ellos nos quieren separar de esa manera, nosotros nunca nos vamos a separar. Siempre hemos sido una familia unida y nunca nos hemos separado”, dijo. Ni siquiera la pérdida del primogénito de la familia a la edad de nueve meses por meningitis logró mellar la unión familiar de Cruz y Mari.
Arquitectura del descrédito: De combatiente de la revolución a desocupado
Para pintar una imagen de lacra social, necesaria para construir el rechazo social y lograr la condena del aparato jurídico a Cruz, la Seguridad del Estado en contubernio con fiscales y jueces ha reescrito el grito de libertad del 11J en documentos oficiales, deconstruyendo su propia vida y manchando su reputación.
El EFP asegura que García Domínguez no trabaja, está “desocupado, que no realiza ninguna labor socialmente útil [y] se relaciona poco con sus vecinos", pero no menciona que la familia se trasladó a Holguín desde Santiago de Cuba hace tres años, dos de los cuales han sido de aislamiento social por causa de la pandemia.
Sin embargo, es conocido por todos que Cruz es carpintero y tiene un pequeño taller de carpintería en su casa, detalle que convenientemente omite fiscalía, así como el hecho de que el holguinero original de Antilla quedó huérfano con apenas 11 años y, a pesar de haber atravesado por situaciones familiares complejas al tener que asumir el cuidado de sus cuatro hermanos menores, no le constan antecedentes penales.
Otro aspecto relevante que omite la documentación oficial sobre el señor Cruz es su condición de salud y su participación en la guerra de Angola.
Su familia no puede precisar cuánto tiempo exactamente estuvo en el conflicto bélico pero creen que pudo haber sido durante tres años. Cruz entonces era menor de edad, tenía 17 años. “En ese tiempo vio morir a varios de sus compañeros. Él era tirador de ametralladoras”, dijo su hijo Arennis a CiberCuba quien recordó una anécdota de su padre de aquellos tiempos difíciles.
“Cuenta que en una ocasión estaban en un combate y a uno de sus compañeros que estaba a unos metros de él lo cortaron por la mitad con un mortero, y aún así siguió tirando él”, agregó el hijo y aclaró que cuando su padre rememora la guerra en Angola hace ademanes de soldado disparando. “Para él es como si todavía estuviera ahí”.
El 11 de julio
Cruz estaba trabajando en su taller y salió a la calle para descubrir que el pueblo de Holguín se había lanzado a las calles aquel 11 de julio. “Se unió a la manifestación sin conocimiento de qué iban a hacer, sin la convocatoria de nadie, que solo vio al grupo y se unió”, dice uno de sus hijos repitiendo lo que su padre le confesara un tiempo atrás.
Ese mismo día, le daban de alta hospitalaria a parte de su familia que se encontraba contagiada de COVID-19, como miles de cubanos entonces. Uno de los que más grave estuvo fue el nieto de Cruz, de apenas dos años, en un ingreso donde hubo falta de medicamentos, de recursos y de empatía. El ex-combatiente “estaba desesperado y enojado por algunas cosas que habíamos pasado con la gravedad del niño”, recuerda uno de sus hijos.
Sin embargo, el EFP asegura que Cruz y otros acusados tenían “intenciones de desestabilizar el proceso revolucionario, romper el orden, la tranquilidad ciudadana y quebrantar la seguridad de la unidad de la institucionalidad del estado”.
En ningún momento el documento explica cómo manifestantes desarmados lograrían semejantes objetivos en un país militarizado completamente. Más aun, los proyecta como victimarios de “un grupo de aproximadamente 40 personas”, miembros de brigadas de respuesta rápida, que estaban “armados con palos y brazaletes con colores rojos y negros” cuyo objetivo era “proteger la sede del partido”. De acuerdo al EFP, los acusados, entre los que estaba Cruz, “ayudados por la muchedumbre, arremetieron contra ellos”.
Ni en el EFP ni durante el juicio las supuestas víctimas -en su mayoría funcionarios del Partido, oficiales de la Seguridad, del MININT y de la Brigada Especial- pudieron identificar a los victimarios. Aun así, para los jueces Adria Rodríguez Romero, Iliana Benemelis Rodés, Gardelis Rodríguez Figueredo, Ronal Bermúdez Hernández y Andrés Pardelles González, tanto Cruz como el resto “no son merecedores de otra pena que no sea la privativa de libertad pura”, de acuerdo al fallo del Tribunal que dictó sentencia. Eligieron creer a los represores, a confesiones bajo presión de terceros y al olfato canino que certificó las pruebas de olor.
Costillas rotas, cabeza partida y mandíbula dislocada, pero condenado a 17 años
En declaraciones a CiberCuba varios manifestantes que estuvieron junto a Cruz en las inmediaciones del Partido coinciden en que la agresión comenzó de parte de los integrantes de la brigada de respuesta rápida. En todo caso, se trata de un enfrentamiento en el que ambas partes resultaron golpeadas y heridas.
No obstante, entre las múltiples certificaciones médicas de lesiones que citan los documentos oficiales (que van desde un rasguño en un brazo y un esguince hasta una herida de cinco centímetros), solo aparecen las de miembros de la "brigada de porristas" -como las llaman popularmente y las de trabajadores del Partido. Por tanto, no hay constancia de la golpiza que sufrió Cruz de parte de los efectivos paramilitares en el lugar. Hasta el momento, tampoco se conoce de procesos judiciales contra cubanos que golpearon o dispararon y hasta mataron amparados por el poder.
Según declaraciones de Cruz a su familia, él intentó razonar con quienes ya habían recibido la orden de combate de Miguel Díaz-Canel. El resultado fue “un golpe en la cabeza provocándole una herida de seis puntos” y “una golpiza que lo dejan sin conocimiento” por interceder cuando un grupo de uniformados golpeaban a un joven.
“Ve que están matando a golpes a un muchacho en el suelo como siete policías y él le dice que lo dejen que lo van a matar”, relata un familiar. Cuando recobró el conocimiento, estaba en instrucción penal, tenía “tres costillas facturadas y la mandíbula partida”.
“Se pasó varios días sin poder comer y con escasa atención médica, además lo tuvieron nueve días descalzo en instrucción penal ya que perdió las chancletas con que andaba cuando le dieron los golpes”, declaran familiares quienes conocieron los detalles meses después.
Aun si se juntaran todos los certificados de lesiones presentados por miembros oficialistas, el nivel de daño de casi una decena de guardianes del PCC provincial no se acerca a la gravedad de las lesiones de Cruz.
Cruz estuvo tres días desaparecido. La familia solo supo de su paradero después de recorrer varias unidades de policías y en la última fue que les dijeron “que lo buscara en instrucción penal”; sostienen.
Después de su arresto violento el 11 de julio tuvieron que pasar casi cuatro meses para que permitieran a un familiar visitar a Cruz en prisión el 2 de noviembre.
Cruz García Domínguez integra la cifra de 1,395 detenidos en relación con las protestas del 11J y de 728 que aun continúan en prisión. Forma parte también de los 551 cubanos que ya han sido juzgados y de los 145 que ya recibieron sentencia.
Su historia, llena de precariedades y sacrificios, no importó a la hora de acusarlo de sedición, un delito en contra de la seguridad del Estado. Es uno de los tantos combatientes abandonados de la revolución que por pedir libertad y ejercer sus derechos fue reducido, de la noche a la mañana, a la condición de delincuente traidor y sentenciado a 17 años de prisión.
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