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La Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz fue sentenciada este lunes a cinco años y cuatro meses de privación de libertad por el delito de “desórdenes en establecimiento penitenciario”, cuando le faltaban tres meses para cumplir su sanción de cuatro años de cárcel por la que se encuentra recluida desde 2019.
De acuerdo con el fallo del Tribunal Popular de Ciudad de La Habana al que CiberCuba tuvo acceso, la defensora de los derechos humanos “tuvo un papel protagonista y alentador” en el motín del 9 de marzo de 2020 en la cárcel Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, donde las reclusas incendiaron colchones, rompieron rejas y ventanas en protesta por la decisión de la dirección del penal de mantener los cubículos cerrados.
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Los jueces decidieron otorgar credibilidad a la narración de los hechos por parte de la funcionaria Ismary Mendoza Cardona y desestimaron las de Nieto Muñoz, su abogado y otra reclusa quienes negaron participación de la también integrante de la UNPACU en la revuelta.
Ángel Moya, del grupo de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003 y esposo de la líder de las Damas de Blanco Berta Soler, dijo en sus redes sociales que "ninguna de las presas que comparecieron acusadas por el mismo delito la vincularon con los hechos."
Asimismo, usaron causas penales imputadas a la activista previamente para establecer un juicio de carácter que la condena por supuestas aptitudes de liderazgo, la defensa de los derechos de las presas, y porque “cuestiona constantemente el tratamiento educativo del Centro”. Para el Tribunal, el conjunto de acciones directas o indirectas cometidas por las cinco acusadas, incluida Nieto Muñoz, “determinó el clima de violencia creado”.
Ratificando la petición de Fiscalía a partir de los artículos 165.1 y 339.1.5 del Código Penal por “desórdenes en establecimiento penitenciario o centros de reeducación” y daños, el Tribunal declara las internas e impone medidas accesorias de resarcimiento económico, privación de derechos y prohibición de salida del país por los más de cinco años que dura la sanción.
Las pérdidas materiales fueron valoradas en un total 1,925.41 pesos por lo que “el Centro Penitenciario Mujeres de Occidente se siente afectado económicamente por los daños ocasionados y desea ser indemnizado”, se lee en el fallo.
Recientemente, en declaraciones a CiberCuba, Ismael Boris Reñí, esposo de Nieto Muñoz, había advertido que el juicio celebrado a inicios de febrero fue “manipulado por la seguridad del Estado” para incriminar a la activista y aumentar su condena, en un proceso realizado por teleconferencia y plagado de irregularidades y de fallos en la conectividad.
Nieto Muñoz tuvo que asistir virtualmente, a 700 kilómetros de distancia desde la cárcel de Las Tunas donde se encuentra recluida tras la revuelta del Guatao, mientras que el resto de las acusadas sí pudieron personarse en el Tribunal Popular de Ciudad de La Habana.
Anteriormente, el también activista había declarado que durante el motín Nieto Muñoz quedó “encerrada en la celda, con gran peligro para su vida”, tras iniciarse el incendio.
La semana pasada trascendió que la Seguridad del Estado había propuesto a la Dama de Blanco una salida sin retorno de Cuba, a lo cual Nieto Muñoz, madre de dos pequeñas, se negó.
La persecución a la opositora por el aparato represivo cubano data de 2015 y está relacionada con su activismo como parte de la organización Damas de Blanco que exige la liberación de los presos políticos en Cuba desde la Primavera Negra de 2003.
En la causa No. 51 de 2015, el Tribunal Municipal Popular Boyeros la había declarado culpable de “daños y ejercicio arbitrario de derechos” y sentenciada a un año de privación de libertad subsidiado por domiciliaria, que extinguió el 20 junio de 2016. Meses más tarde, el mismo Tribunal la juzgaba por “desórdenes públicos” en la causa No.10 de 2017 y la condenaba a un año de privación de libertad, la cual extinguió el 11 de julio 2017.
A pesar de haber sido la víctima en una detención violenta en mayo de 2018, mientras realizaba una peregrinación con otras Damas, la activista fue acusada y sentenciada, 11 meses después, a cuatro años de privación de libertad por los delitos de atentado y daño en relación con el arresto arbitrario, en la causa No. 8 de 2019.
Esta es la sanción que se encontraba cumpliendo cuando sucedió el motín en El Guatao, y que culminaba el 3 de mayo de este año. Con la nueva sanción, sumarían 10 años tras las rejas.
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