El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, expresó preocupación por la falta de notificación de sentencias a varios de los manifestantes del 11 de julio ya enjuiciados, especialmente las que atañen a menores de edad.
La organización dijo que ha documentado la celebración de al menos 26 juicios orales a más de 312 manifestantes de julio entre el 8 de diciembre y el 31 de enero, pero muchas de las sentencias no han sido notificadas aún ni a los afectados ni a sus familiares.
"Especialmente reclamamos las sentencias que contienen la decisión sobre el destino de los menores de edad presentes en los sucesos de La Güinera y Toyo, juzgados en el Tribunal de Diez de Octubre", subrayó Justicia 11J.
La ONG Cubalex también manifestó inquietudes al respecto con base en el artículo 564 de la Nueva Ley no.143 de Proceso Penal, vigente desde el 1 de enero, "disposición legal que no sólo viola el principio de celeridad, sino el propio principio de legalidad", expresa.
Cubalex explica que "a través de este artículo se establecen plazos no limitados para la firma de sentencias, que no solo pudieran dilatar la discrecionalidad en el cumplimiento del debido proceso, sino que supone un enorme retroceso en relación con la Ley no. 5, que establecía un plazo de 6 días hábiles posterior a la culminación del juicio oral, más una prórroga de hasta 3 días hábiles si era imprescindible, para la entrega de las sentencias".
Justicia 11J señala que ese mecanismo "permite que se viole el derecho a la igualdad y no discriminación, y pudiera hacer aún más vulnerables ante la ley a las personas detenidas por motivos políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos, o a toda persona que pueda ser de interés para la Seguridad del Estado, al existir la posibilidad de que pasen extensos períodos a la espera de una sentencia que, también, pudiese ser usada como mecanismo de presión".
Asimismo, viola "la garantía al debido proceso establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, correspondiente al derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas (artículo 14 inciso c). También, es una norma inconstitucional que viola la garantía de la seguridad jurídica, contenida en el artículo 94 inciso g de la Carta Magna", explica.
El grupo, integrado por miembros de la sociedad civil cubana, denunció también la detención de Yudinela Castro, madre del menor (al momento de la detención) Rowland Castillo, uno de los presos del 11J en Cuba.
Subraya que a la mujer se le ha iniciado un proceso investigativo por "desacato", y recuerda que ella "necesita atenciones médicas especiales y está al cuidado de su nieto de dos años".
También rechaza la detención de Mileidys Rodríguez y José David Hernández, cercanos a Yudinela Castro, quienes también se hallan bajo proceso de investigación desde el 17 de febrero por el mismo presunto delito.
De un total de 1395 personas detenidas en relación con las protestas de julio, 440 han sido enjuiciadas en procesos ordinarios. Hemos documentado la notificación de sentencias a, al menos, 207 personas, expresa la publicación.
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