El 57% de las auditorías realizadas a empresas estatales por la Contraloría de la provincia de Holguín registraron resultados deficientes o malos y detectaron tres presuntos hechos delictivos y uno de corrupción administrativa.
Según reportó el medio oficialista Ahora, durante 2021 la institución estatal realizó 79 acciones de control, sin embargo, solo 10 fueron auditorías, 14 comprobaciones y 23 visitas de intercambio, de acuerdo con el informe rendido por Irma Sánchez, contralora jefa en ese territorio oriental, que no reveló las entidades donde ocurrieron los supuestos delitos.
Gladis Bejerano Portela, contralora general del país, reconoció que es deficiente la labor de los auditores de la provincia, pues falta experiencia para detectar errores de finanzas y contabilidad, así como problemas de gestión y dirección.
Admitió que esas brechas favorecen la ocurrencia de delitos y el surgimiento de complicaciones administrativas, factores determinantes en el descontrol de los recursos estatales.
Bejerano Portela sostuvo, no obstante, que la función de un auditor no es “enviar a la cárcel, es eliminar las formas en que se pueden cometer ilegalidades”.
Sobre este particular, Kenia Aguirre Ulloa, fiscal jefa de Holguín, advirtió que los procesos de auditoría se dilatan en exceso y que los informes conclusivos de las investigaciones carecen de la calidad necesaria, lo cual dificulta el trabajo judicial con los posibles responsables de los delitos.
Estas deficiencias en el trabajo de la Contraloría del territorio fueron mencionadas en la reunión de balance anual que realizó este lunes la institución estatal. En ese mismo espacio salieron a la luz otras dificultades, entre ellas la falta de condiciones laborales para los funcionarios.
También quedó expuesta la situación de las plantillas sin cubrir, el incumplimiento de los planes sin modificaciones previas y la falta de seguimiento a las medidas tomadas en acciones de control anteriores. Además, los participantes en la reunión señalaron que no es suficiente la formación de los especialistas y que los auditores del sistema de gobierno no cuentan con la experiencia necesaria.
Todos estos problemas atentan contra la estabilidad de su misión social, para la cual necesitan un mejor soporte tecnológico y herramientas comunicativas más eficientes.
La Contraloría tiene como función detectar actos delictivos y de corrupción que causan daños considerables a la precaria economía nacional.
En La Habana, durante el año pasado se reportaron pérdidas valoradas en 63 millones de pesos por este concepto, según informó el diario Tribuna de La Habana. El coordinador de Fiscalización y Control en la provincia, Orestes Llanes Mestre, explicó que el gobierno capitalino recibió 361 reclamaciones entre quejas, denuncias y anónimos, de los cuales quedaban 33 sin solución.
La Contraloría de la capital detectó además 63 delitos administrativos, la mayoría en sectores como la Gastronomía, el Comercio y la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA). Los municipios de mayor incidencia fueron Centro Habana, Plaza de la Revolución, Habana del Este y Cerro.
En 2019, un inspección realizada por la entidad gubernamental que dirige Bejerano Portela reveló que, durante 2018, el descontrol en las cuentas, los incumplimientos de pagos y la corrupción ocasionaron daños valorados en 2,000 millones de pesos a 369 empresas estatales de Cuba. En esa oportunidad, el 51% de las entidades evaluadas obtuvo calificación negativa.
La Contraloría General se vio obligada a admitir que no podía poner freno a la corrupción en el país. Su presidenta explicó que esto se debía a la falta de documentación en los sistemas contables de las empresas estatales, la carencia de registros primarios, la realización de tratamientos contables incorrectos, la violación de los llamados cuadres diarios y el descontrol en los vales de entrega y devolución de productos.
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