“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”, aseguró este domingo Osmín Álvarez Bencomo, presidente de la Junta Directiva Provincial de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) en La Habana.
Según el medio oficialista Cubadebate, en una asamblea de balance de la UNJC, juristas de la capital respaldaron una declaración a favor de sus miembros, "a raíz de las calumnias y campañas de descrédito contra esos profesionales tras intervenir en los procesos judiciales derivados de los hechos de julio pasado".
“Indignan las descalificaciones de conductas delictivas extremadamente graves que fueron tipificadas y sancionadas a raíz de estos hechos por sedición, al tratarse del levantamiento colectivo y violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público con el fin de derrocarlo”, sostuvo Álvarez Bencomo.
La declaración hace referencia a una campaña promovida por activistas cubanos en redes sociales, principalmente por las organizaciones Cubalex y Justicia 11J, para identificar y denunciar la participación de fiscales y jueces en la represión de cientos de manifestantes del estallido social de julio de 2021. Además, se les acusa del delito de prevaricación, definido en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley No. 62 del Código Penal de Cuba.
"Exponer a los victimarios, nombrarlos, ponerles rostro, es contribuir a que no se perpetúe la impunidad. Ahora, si ustedes consideran que una persona una vez que comete un delito es irredimible y tiene que cargar para siempre con eso, eso es lo que ustedes piensan, no lo que pienso yo. Las personas se redimen pagando reparaciones por los daños ocasionados a sus víctimas, y esto puede ser en forma de cárcel, pero también de perdón, y de garantizar que no van a seguir violentando. En estos casos, le corresponderá a una comisión de verdad y justicia en un futuro determinar esto, con la participación de las víctimas", explicó en Facebook la semana pasada la artista visual, editora y activista Salomé García, una de las coordinadoras de Justicia 11J.
Las denuncias públicas de jueces y fiscales han generado un debate entre cubanos en la isla y el exilio acerca de la tolerancia a las complicidades con el régimen de Miguel Díaz-Canel. Algunas personas consideran que los jueces y fiscales son simples trabajadores que cumplen órdenes, y que no deberían entenderse como represores, mientras que otras opinan que pueden elegir no cumplir esas órdenes, en tanto implican violar derechos humanos, y trabajar en algo distinto.
"Estos jueces y fiscales han cometido delitos con el amparo y el apoyo de un Estado. Y los han cometido sistemáticamente, porque los nombres de los jueces que participaron en los juicios de manifestantes del 11J están en un buen número de Habeas Corpus denegados en favor de activistas detenidos arbitrariamente y desaparecidos forzosamente, y en un buen número de sentencias a otros presos políticos", aseguró Salomé García.
Mientras, los juristas cubanos han dicho que rechazan "cualquier intento de manipulación mediática" y advierten que "caerá todo el peso de la ley" contra toda persona "que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información".
“Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”, agregó Álvarez Bencomo en su lectura este domingo.
En la reunión también estuvieron Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana; Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, y Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República.
Torres Iríbar, por su parte, subrayó que contra jueces y fiscales se ha desatado una campaña que “no es más que una articulación para destruir el sistema judicial de la Revolución”.
“No habrá odios, solo habrá justicia. Apoyamos y respaldamos la declaración de los juristas cubanos. La justicia revolucionaria es garante de la Revolución”, dijo.
Resaltó el tratamiento diferenciado dado a los jóvenes implicados, quienes tienen atenuantes atendiendo al carácter preventivo de la justicia.
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