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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por las recientes condenas a 128 personas que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, sancionadas a penas que varían entre cuatro y 30 años de prisión.
En una publicación en su cuenta de Twitter, la organización refiere que es obligación del Estado adoptar medidas necesarias para evitar que se sometan a juicios injustos o infundados a quienes "de manera legítima reclaman sus derechos" con la protesta social.
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"Garantizar el debido proceso, que incluye el derecho de recurrir al fallo ante un tribunal superior", añadió.
El tuit del CIDH hacía referencia a las sentencias del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que sancionó con hasta 25 años de privación de libertad a 32 cubanos, incluidos menores de edad, que fueron acusados del delito de sedición por manifestarse el 11J en la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, La Habana.
Según el fallo del tribunal consultado por CiberCuba, entre los imputados se cuentan seis menores en el momento de las protestas, a los que la Fiscalía había propuesto rebajar las peticiones de condenas en sus conclusiones, como ha sucedido en procesos judiciales anteriores contra personas de hasta 18 años de edad.
Sin embargo, en el caso de los manifestantes de Toyo, los jueces ignoraron las reducciones de condenas propuestas por el fiscal, y dictaron sentencias muy superiores a lo esperado.
En febrero, el abogado guatemalteco Edgar Stuardo Ralón Orellana, uno de los siete miembros de la CIDH, calificó de dramática la situación que se vive en Cuba, con más de 700 presos políticos, ciudadanos desterrados de la isla y ausencia de una legislación que proteja a todos los cubanos.
"No se respeta la libertad de las personas. Existe un partido único, el Comunista, al cual hay que pertenecer para poder participar en política. Y cualquier persona que se manifieste contra el régimen, emita una idea diferente o exija libertad, es sujeta a detenciones arbitrarias, procesos y penas de prisión de hasta 30 años", dijo a la agencia AFP.
Ralón Orellana condenó la vulnerabilidad de los presos políticos de Cuba, incluidos menores de edad, que son juzgados por delitos comunes, muchas veces en procesos sumarios.
"Estas penas en juicios sumarios lo que pretenden es un mensaje de censura, de castigo por pensar y manifestarse diferente al régimen actual en la isla", resaltó.
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