El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) catalogó este miércoles como “escandalosas” cinco sentencias emitidas por el Tribunal Provincial de La Habana contra 110 ciudadanos cubanos que participaron en las protestas contra el gobierno de julio de 2021.
La organización precisó que el 77 por ciento de las personas condenadas no tenían antecedentes penales. Además, el 25 por ciento del total eran emprendedores.
“Incluso en los casos con antecedentes penales hay que respetar el derecho a la libre manifestación y, durante los procesos judiciales, la presunción de inocencia. Igualmente queremos destacar que la gran mayoría de los encarcelados en estos procesos específicos —el 61 por ciento— son personas de entre 16 y 30 años”, advirtió Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
De acuerdo con el análisis de los casos realizado por el observatorio, el 26 por ciento de los procesados son menores de 21 años, el 35 por ciento tiene entre 21 y 30 años, el 21 por ciento entre 31 y 40, el 10 por ciento entre 41 y 50, el seis por ciento entre 51 y 60 años y el resto tiene más de 61 años.
Las sentencias del Tribunal Provincial Popular de La Habana analizadas son las siguientes: 8/2022, 6/2022, 10/2022, 5/2022 y 9/2022. De las condenas algunas incluso alcanzan hasta los 30 años de cárcel. En total, suman al menos 1,678 años.
“Pedimos urgentemente la aplicación de las sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos en Cuba, tal y como aprobó el Parlamento Europeo en septiembre de 2021. Instamos a los Estados miembros de la UE (Unión Europea) a solicitar dichas sanciones al Consejo. La situación es grave”, exigió González Raga.
Entre esas personas sentenciadas se encuentran 32 acusados de sedición, incluidos seis menores de edad en el momento de su arresto, para quienes se han impuesto penas de hasta 25 años de prisión.
La fiscalía, durante los juicios a los menores, había propuesto reducirles la condena, pero finalmente los jueces mantuvieron la severidad en las sentencias; sobre todo, en el caso de los manifestantes de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre.
Kendry Miranda Cárdenas, de 17 años, tenía al principio una petición fiscal de 20 años de cárcel, que fue reducida a 10, pero luego le condenaron a 19 años de privación de libertad. También a Lázaro Noel Urgellés Fajardo, de apenas 16 años, le disminuyeron la petición de 13 a 10 años, pero la sentencia firme fue incluso mayor: 14 años de privación de libertad.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las condenas a 128 manifestantes del estallido social, pues podrían enfrentar entre cuatro y 30 años de prisión.
"Es obligación del Estado adoptar medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos con la protesta social, así como garantizar el debido proceso, que incluye el derecho de recurrir al fallo ante un tribunal superior", afirmó la organización en Twitter.
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