La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la escalada de represión contra periodistas independientes y críticos del régimen de Cuba, en su más reciente informe sobre las violaciones a la libertad de expresión en la isla.
“La epidemia que más afecta al país es la represión, que repuntó en el último semestre con severas condenas para los ciudadanos que participaron de las protestas del 11 de julio de 2021”, apunta el informe presentado este martes ante la organización, que se realiza hasta el 22 de abril su reunión de medio año.
El documento denuncia el panorama cada vez más agresivo que enfrentan menos de 50 personas que aún ejercen el periodismo independiente desde la isla.
Como muestras del débil cuadro que en materia de libertad de expresión que allí existe, apuntan el encarcelamiento de los periodistas independientes Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez, además de las condenas al youtuber Yoandi Montiel, "El Gato de Cuba" y al joven Yoan de la Cruz, quien transmitió en vivo en sus redes sociales las protestas del 11 de julio, y el destierro de los reporteros Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho, entre otras detenciones a activistas, opositores, y representantes de la sociedad civil en la isla.
“Un periodista preso, otro desterrado como condición para salir de la cárcel, otro agredido por individuos con conocimientos en artes marciales, y toda la prensa independiente bajo vigilancia y amenazas intermitentes (solo quedan menos de cincuenta personas, incluyendo directivos, fotógrafos y diseñadores), demuestra el débil cuadro en materia de libertad de expresión, dentro de una sociedad sin respiro por la devaluación de la moneda y una emigración compulsiva que ya superó la crisis de los balseros de los años 1990”, sostiene la demanda sobre la situación en Cuba.
Sobre el caso de Valle Roca, el informe apunta que “es el ejemplo de todo lo que persigue la dictadura cubana”, además de recordar que fue detenido el 15 de junio de 2021 por filmar y divulgar el lanzamiento de octavillas con frases de independentistas del siglo XIX en una céntrica calle de La Habana.
“Desde entonces solo salió de prisión para ser llevado a hospitales por complicaciones de salud. Enfrenta un castigo de seis años, por los delitos de ‘propaganda enemiga’ y ‘resistencia’”, apunta el documento.
También recogen el caso de Bello Domínguez, quien fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de "desacato", tras participar en las protestas del 11 de julio.
“Por ese mismo delito también fue condenado el popular youtuber Yoandi Montiel, "El Gato de Cuba", preso desde hace más de año y medio tras burlarse en un video del presidente Miguel Díaz-Canel”, puntualiza el documento.
Asimismo, el informe señala que el periodista Esteban Rodríguez fue excarcelado en enero de este año, tras más de ocho meses de prisión sin juicio, pero debió aceptar el destierro a cambio de su liberación, acompañado de Valdés Cocho, quien tuvo que aceptar el destierro para que liberaran a su compañero.
La denuncia ante la SIP también alerta que el anteproyecto del Código Penal que se consulta en la isla es otra amenaza en ciernes, porque agravará la represión del régimen contra la sociedad civil cubana.
Apuntan que ese futuro Código Penal prevé “altas penas de cárcel para todos los que se involucren en el envío, trasmisión o recepción de recursos dirigidos a organizaciones no reconocidas por el Estado, incluidos los medios independientes y las ONGs que monitorean las violaciones los derechos humanos”.
“El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte, formaliza sanciones de cadena perpetua y expulsión del país”, puntualiza, además, este informe, donde también se refiere que en la isla muchas personas han sido multadas con el Decreto 370, que regula las redes sociales y permite decomisar teléfonos celulares, como la activista Saily González, y varios familiares de presos políticos.
“El acceso a la información oficial no existe. El secreto de Estado sigue dominando. El gobierno publica estadísticas escuetas, sus funcionarios difunden mensajes elogiosos al régimen en las redes sociales y los medios oficiales siguen haciendo propaganda”, sostiene el informe.
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