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WASHINGTON (Reuters) - La Corte Suprema estadounidense rechazó este jueves un intento de incluir a los residentes de Puerto Rico en un programa federal que ofrece ayuda a personas mayores, ciegas y discapacitadas de bajos ingresos, al considerar que el Congreso tiene la autoridad de impedir que quienes viven en el territorio reciban la ayuda.
Los jueces fallaron por 8 a 1 a favor del gobierno del presidente Joe Biden, revocando el fallo de un tribunal menor que determinó que la decisión del Congreso en 1972 de excluir a Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) viola un requisito de la Constitución de que las leyes se apliquen a todos por igual.
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El fallo niega las prestaciones sociales a unas 300,000 personas de la isla caribeña que, de otro modo, podrían tener derecho a ellas. El gobierno federal ha dicho que una ampliación que incluya a Puerto Rico habría costado 2,000 millones de dólares al año.
"Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta a nuestra calidad de vida. La única y mejor solución es la estadidad", dijo en un comunicado Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico y quien está a favor de que la isla se convierta en un estado de Estados Unidos.
El estatus de Puerto Rico es un tema que divide a la isla, ya que algunos están a favor de seguir siendo un Estado Libre Asociado y territorio no incorporado, mientras que otros presionan por la estadidad o incluso la independencia de Estados Unidos.
El fallo, cuyo autor es el juez conservador Brett Kavanaugh, determinó que el Congreso actuó válidamente bajo una disposición constitucional que permite a los legisladores tratar a los territorios no incorporados de manera diferente a los estados.
Kavanaugh dijo que un fallo que extienda los beneficios a Puerto Rico podría tener "consecuencias de gran alcance" que infligirían cargas financieras adicionales a sus residentes -incluyendo que se les exija pagar el impuesto federal sobre la renta, algo que no hacen actualmente.
"La Constitución no requiere ese resultado extremo", escribió Kavanaugh.
La jueza liberal Sonia Sotomayor, cuyos padres eran de Puerto Rico, fue la única disidente. Sotomayor señaló que, como la isla no tiene representación electoral en el Congreso, su pueblo no puede confiar en que el Congreso reconozca sus derechos.
"La igualdad de trato de los ciudadanos no debe dejarse a los caprichos del proceso político", escribió Sotomayor.
Una disposición que extiende los beneficios del SSI a Puerto Rico es parte de la legislación de gasto social respaldada por los demócratas que se ha estancado en el Congreso.
(Reporte de Lawrence Hurley; editado en Español por Ricardo Figueroa)
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