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Por motivos principalmente asociados a la higiene comunal y contravenciones del ornato público, la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en Ciego de Ávila ha impuesto, solo en el primer trimestre del año, más de dos millones de pesos cubanos en multas; reportó este fin de semana el diario local Invasor.
Irán Cano González, Jefe de Grupo de Supervisión, declaró al medio oficialista que, hasta el mes de marzo, en la provincia se llevaron a cabo 4,473 inspecciones, que conllevaron a la imposición de 3,648 multas, por un valor de 2,111,805 pesos.
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Del total de multas impuestas, 358 han estado asociadas a infracciones de las medidas sanitarias para el control de la pandemia del coronavirus, 346 han sido violaciones en la actividad de transporte, 127 en el trabajo por cuenta propia y 125 por precios en bodegas y unidades gastronómicas.
José Oscar Echemendía Álvarez, director de la DIS, explicó que, a la par de las inspecciones diarias, por dúos, desde la instancia provincial se están realizando visitas integrales y dirigidas, por grupos de actividades económicas.
"Así, por ejemplo, en días recientes se revisó las ventas de garaje, porque no es un secreto que además de los productos autorizados a comercializar en estos espacios (nuevos, seminuevos o de uso, pero solo uno de cada tipo), en no pocas ocasiones se venden (y revenden) lotes de otros importados o comprados en el mercado en divisas", precisó la nota.
Otro blanco de las inspecciones han sido las materias primas adquiridas mayoristamente por el sector privado. El viernes pasado, dos cuentapropistas con licencia de elaboradores-vendedores de dulces fueron fiscalizados por un grupo de supervisores, agentes del Ministerio del Interior y especialistas de la Dirección Provincial de Trabajo.
"El primero de los controles destapó incumplimientos sanitarios y una incongruencia entre la cantidad de insumos comprados y la capacidad productiva de la pequeña panadería. La segunda halló todos los papeles en regla, aunque en ese momento estaba paralizada la panadería privada (algo bastante frecuente en chequeos anteriores, por cierto), pero sacó a la luz paradojas en las relaciones económicas a las que este periódico dará seguimiento", indicó la información.
Una de las paradojas mencionadas radica en que los trabajadores por cuenta propia deben comprar en moneda libremente convertible las materias primas que necesitan y están obligados a comercializar sus producciones luego en moneda nacional.
"Con esas distorsiones, los precios no van a bajar y los inspectores de la DIS lo saben. Lo han comprobado, asimismo, en la comercialización de productos agropecuarios, regidos por la premisa de la oferta y la demanda. Salvo unos siete alimentos con precios topados, el resto escapa muchas veces del control, resumido en no pocas ocasiones a exigir que los precios estén a la vista", concluyó el reporte.
En el pasado mes de febrero, la prensa estatal informó que en La Habana comenzó una ofensiva a principios de este año para cobrar más de 160,000 multas, equivalentes a unos 230 millones de pesos cubanos.
Natalia Vivanco Rodríguez, jefa del departamento de Multas de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios en la capital, dijo entonces que las multas acumuladas suponen una cifra muy superior, en comparación con la de años anteriores, y ello lo achacó al "grado de impunidad y permisibilidad que muestran todos los territorios".
“Son multas ya envejecidas, en lo que tiene peso la situación epidemiológica de la COVID-19. Desde finales de 2020 y la primera etapa de 2021 se dio a los infractores la facilidad de no acudir a los lugares de trámite con el beneficio de esperar más tiempo, y que las multas no se duplicaban ni caían en apremio, unido a que la labor de los gestores cobradores se vio afectada, por no visitar las viviendas o establecer vínculos con los núcleos familiares”, agregó la funcionaria.
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