El gobierno de la capital cubana creó un nuevo cuerpo de inspectores para controlar los precios en los establecimientos privados de La Habana, informó el jueves la prensa local.
Según el diario Tribuna de La Habana, la iniciativa surgió para el "enfrentamiento a los incumplimientos en el ejercicio de las actividades por cuenta propia y las nuevas formas de gestión no estatal".
Osvaldo Rivalta Torres, director de la Dirección de Inspección en la capital, explicó que también deberán velar por "las ilegalidades cometidas en la vía pública, las actuaciones que infrinjan el cuidado del ornato público, la higiene comunal, recursos hidráulicos, los precios minoristas, las regulaciones sobre acueducto y alcantarillado y otras dispuestas por el Gobernador de La Habana, así como por los intendentes de los municipios".
Dijo que el grupo fue creado "teniendo en cuenta las insatisfacciones mostradas por la población ante la labor desempeñada por la antigua Dirección de Supervisión y Control", y luego de que "se dieron algunos incidentes negativos y hechos extraordinarios que trajeron consigo que perdiera credibilidad la labor de los supervisores".
Agregó que el nuevo aparato, integrado por 150 nuevos inspectores, también tiene "la misión de controlar el desempeño de los inspectores, tanto en los municipios como en la provincia".
Los nuevos inspectores tendrán la obligación de portar el carné que los acredite como tal, la orden de trabajo especificando el lugar donde ejercerá su labor, el chaleco de inspector (que sufrirá modificaciones), su carné de identidad, además de otros documentos que les sirvan de asesoría en el momento de aplicar las contravenciones vigentes para que puedan mostrar a los infractores que decreto-ley y artículo violan.
La imparable escalada de los precios en Cuba sigue presionando al gobierno, que con su fallida Tarea Ordenamiento desencadenó una inflación sin precedentes en la isla.
La población del país pide medidas para frenar el alza de precios, especialmente de los alimentos y productos de primera necesidad.
El régimen se ha limitado a imponer multas aleatorias y a crear mecanismos para el cobro de las mismas. En febrero lanzó una ofensiva para cobrar más de 160,000 multas, equivalentes a unos 230 millones de pesos cubanos.
Si bien las nuevas inspecciones recaerán en los trabajadores por cuenta propia y las formas de gestión no estatales, recientemente el régimen reconoció que sus propias entidades son una fuente de corrupción.
La Habana perdió en 2021 más de 63 millones de pesos por casos de corrupción y delitos en empresas y entidades estatales, informó el gobierno de la capital cubana el pasado mes.
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