La Seguridad del Estado arremetió esta semana contra el Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR), a cuyos miembros amenazó para que no salieran de la casa el domingo primero de mayo.
El CIR, que forma parte de la sociedad civil independiente de Cuba, denunció que el sábado el Agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Ricardo, se personó en la casa de los activistas Osvaldo Navarro Veloz y Marthadela Tamayo, líderes de este movimiento, para informarles que no les permitirían salir de su domicilio el 1 de mayo, cuando se realizaría una marcha oficialista en la Plaza de la Revolución.
"Tampoco se les ocurra aparecer por la iglesia", advirtió el represor a los activistas, que asisten todos los domingos a los cultos, explicó la organización en Facebook.
CIR ya había denunciado que desde hace varias semanas Etecsa restringe el servicio de internet de datos a sus miembros en complicidad con la policía política.
"Ya son 15 días seguidos que estos activistas no tienen acceso a sus datos móviles, pues están bloqueadas sus líneas personales para poder tener servicio de 4G y en ocasiones sin servicios de telefonía móvil. Esto es un servicio público que como clientes de Etecsa se paga y bien caro!!!!", explicó ese Comité, quien ha mantenido una acción de vigilancia sobre los debates del polémico Código de las Familias.
El activista Boris González Arenas comentó en la red social que el aumento de la represión contra el CIR ocurre cuando acaba de cerrar el proceso de consulta al Código de las Familias este Primero de Mayo, y el periodo de reuniones de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Son "muchas acciones que el Estado va a realizar y buscan silenciar a los que imponen su voz contra viento y marea", expresó.
Recientemente Marthadela Tamayo explicó que la sociedad civil independiente de Cuba identificó y denunció deficiencias en el proceso de consulta popular del Código de las Familias.
El Observatorio de Derechos Electores (ODE), como parte del CIR, desplegó a sus integrantes por diferentes localidades, fundamentalmente en La Habana, para monitorear de manera independiente el proceso de discusión del Código, donde se plantean temas de interés como la diversidad familiar y el derecho de las personas a construir un entorno filial en libertad.
"Dentro de Cuba sabemos que los debates son controlados, que se discuten proyectos de ley que son avalados por las estructuras del poder estatal que no se votan en ninguna de sus instancias y esto nos llamaba también la atención", señaló Tamayo.
En los primeros días del debate, el ODE detectó un grupo de deficiencias, como la falta de divulgación del calendario de reuniones donde los vecinos puedan conocer el momento en que ocurrirán los encuentros, una gran diferencia entre el formato de las reuniones piloto que transmite la prensa oficialista y el modo en que se desarrollan en la mayoría de los barrios consultados, ausencia de vecinos, entre otros, y a pesar de sus denuncias no han obtenido respuestas a las mismas por parte del régimen.
La activista subrayó el pasado año que en la isla se vive bajo una experiencia vertical de corte socialista totalitario donde los derechos ciudadanos están mutilados y la política del diálogo horizontal, ausente.
Comentó que desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) los activistas cubanos independientes han acompañado procesos de supervisión electoral desde 2017, pero han debido enfrentar que los agentes del estado cubano violen sus derechos haciendo uso de la fuerza excesiva, mediante detenciones arbitrarias de hasta 72 horas acompañadas de procesos de interrogatorios.
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