Un exfiscal cubano que se fue del país aseguró que las sentencias impuestas a los manifestantes del 11 de julio fueron elaboradas por el Partido Comunista antes de empezar los juicios.
Raucel Ocaña Parada, quien ejercía en el municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, se encuentra en Suiza, donde ha solicitado asilo político, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
"Ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan contra el gobierno, ya el fallo viene prejuzgado antes de que se haga el juicio. Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el juez también sabe lo que tiene que hacer. Los órganos que están detrás dirigen el proceso judicial", relató en un video difundido por el OCDH.
Ocaña Parada precisó que él no participó directamente en ningún juicio del 11J, porque en Palma Soriano solo hubo un proceso y no fue él quien estuvo a cargo.
No obstante, estuvo al tanto de las irregularidades que se cometieron con los participantes en las protestas.
Precisó que a varios acusados se les dictaron órdenes de prisión provisional, calificándolos como ciudadanos de alta peligrosidad social sin pruebas y/o antecedentes, y sin tomar en cuenta su edad, solo la índole política de los casos.
"Se les formularon denuncias a una serie de entre 35 personas en Palma Soriano, que estuvieron acusados en un proceso a los que se les impuso la medida cautelar más severa, que es la de prisión provisional. A otros se les puso fianza y debido a todo este proceso, se les abrió un expediente de fase preparatoria, el cual termina en un proceso investigativo, al que los acusados y los familiares no pudieron acceder con muestras de pruebas", detalló.
Palma Soriano fue la segunda ciudad del país, después de San Antonio de los Baños, en sumarse a las protestas del 11J.
"Varias personas se presentaron frente al gobierno y al partido y allí manifestaron diferentes cuestiones. Debido a eso, la policía accionó, y de una forma u otra agredió a la población. Esto ocasionó que las personas se defendieran, una defensa legítima en un estado de necesidad. Nadie está de acuerdo en recibir golpes por solamente manifestar sus derechos", recalcó el exfuncionario.
Acerca del funcionamiento de la justicia en Cuba, Ocaña Parada señaló que el fiscal no tiene total autonomía para aplicar la ley.
"La jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal. Te dice que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser tan benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento, totalmente represiva", admitió.
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