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El gobierno cubano reconoció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que al menos 100 reclusos murieron en las cárceles de la isla en el último año.
La cifra se detalla en un informe presentado a ese organismo, que emitió recientes recomendaciones para detener la muerte de prisioneros, los cuales habrían fallecido, en su mayoría, por enfermedades coronarias.
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El Comité criticó a Cuba por "no presentar la información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el período en examen"; y aclaró que se analizaron los datos incluidos en un informe periódico anterior enviado por las autoridades de La Habana.
"Conforme a la información incluida en el informe periódico, las enfermedades cardiovasculares serían la principal causa de deceso entre la población reclusa", expresa el documento.
Otra observación del organismo multinacional señala que a pesar de haberse registrado un "promedio de unas 100 muertes en custodia al año", en ningún caso el Estado cubano determinó "la responsabilidad de servidores públicos" ni intentó detectar "signos de violencia corporal durante las autopsias".
Afirma que cuando Cuba fue instada a responder al respecto, la Delegación dijo que "entre 2016 y 2019, la Fiscalía Militar investigó ocho quejas presentadas en relación al fallecimiento de personas privadas de libertad y que como resultado de las investigaciones correspondientes se advirtieron quebrantamientos en tres casos, aplicándose medidas disciplinarias, sin especificar, a tres funcionarios".
Sin embargo, Cuba se negó a facilitar información sobre algunas muertes de reclusos, entre ellas la de Alejandro Pupo Echemendía, quien habría fallecido en custodia policial en Placetas, Villa Clara, y Reidel García Otero, prisionero de la prisión de Valle Grande.
Al respecto, el Comité contra la Tortura instó al régimen a investigar de forma imparcial por un órgano independiente todos los casos de muerte durante la privación de libertad; y a Investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en estos decesos.
También llama a "publicar información pormenorizada sobre los casos de muerte de personas privadas de libertad y las causas; y potenciar las medidas para mejorar la calidad de la atención médica y sanitaria que se dispensa a los prisioneros.
Asimismo, a evaluar los programas existentes de prevención, detección y tratamiento de las enfermedades crónicas, degenerativas e infecciosas en las cárceles de la isla.
En otra parte del documento, el Comité expresa su preocupación por la subordinación de la Fiscalía General de la República al presidente Miguel Díaz-Canel, establecida en el artículo 157 de la Constitución; al tiempo que instó al Estado a velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia de la fiscalía general y del poder judicial.
Al respecto, rechaza el uso en el código penal cubano de figuras delictivas basadas en conceptos subjetivos como el “estado peligroso” y la “advertencia oficial” que sancionan a las personas por su presunta proclividad a cometer un delito, así como la “sedición” que sanciona una amplia variedad de comportamientos, incluidos aquellos que perturbarían el orden público.
"El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte modifique las disposiciones del Código Penal arriba mencionadas con el propósito de poner fin a la detención con base en figuras penales subjetivas, vagas e imprecisas como la peligrosidad social predelictiva y la sedición", los cuales han sido utilizados para juzgar, por ejemplo, a los manifestantes del 11 de julio.
Aunque el gobierno cubano guarda un hermético silencio sobre la situación en las cárceles del país, algunos casos trascienden gracias a las denuncias de familiares.
En 2020 el cubano Roberto Jiménez del Sol, de 56 años, murió en una cárcel en la provincia de Matanzas presuntamente a causa de una golpiza propinada por la policía.
Familiares de la víctima afirmaron que Jiménez se encontraba detenido en una unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), por un faltante en la tienda donde trabajaba.
Aunque la policía informó que había muerto de un infarto y que lo habían llevado tres veces al hospital, no había registro de ninguna visita al médico, y el cuerpo presentaba golpes en el cuello, en la cara y en los ojos, ante lo cual los agentes dijeron que se había caído en el baño y que eso le había ocasionado los moretones.
El pasado año, la cubana Bárbara Rosabal Fernández responsabilizó a las autoridades de la prisión Combinado del Este por la muerte de su hijo, Joaquín Martínez Rosabal, encontrado muerto en una celda del Hospital Nacional de Reclusos, en diciembre de 2019.
"Mi hijo fue víctima de los abusos que hay aquí en las prisiones de Cuba, y nada, aquí no hay a quién reclamarle", se quejó en declaraciones a Cubanet la madre, que no ha parado de exigir a las autoridades una investigación sobre la muerte de su hijo sin obtener respuesta.
En mayo de 2021 Maykel Acosta, de 35 años, murió plantado en la prisión del Combinado del Este, en el municipio habanero de Guanabacoa. Acosta era al menos el cuarto cubano fallecido ese año en Cuba bajo custodia policial y el segundo que perdía la vida en mayo.
En febrero pasado también se conoció el caso de un jamaiquino que se habría suicidado en la cárcel para extranjeros La Condesa, en Mayabeque. Sin embargo, los reclusos advirtieron del comportamiento extraño de varios oficiales tras la tragedia, quienes limpiaron la escena antes de llamar a los peritos.
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