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El presidente del Tribunal Supremo Popular cubano, Rubén Remigio Ferro, afirmó que Cuba es un "baluarte de dignidad en la garantía de los derechos individuales".
Ferro, quien intervino en un evento jurídico en La Habana, aseguró que las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, entre las que se encuentra el Código Penal, renuevan al "estado socialista de derecho y garantizan la justicia social".
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El domingo pasado el Parlamento cubano sancionó el nuevo Código Penal, que legitima aún más la represión del régimen contra opositores, activistas por la democracia y periodistas independientes.
La nueva legislación, promulgada poco antes de cumplirse un año de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio, incluye 37 nuevos delitos, como el financiamiento externo de medios de prensa.
También sanciona con hasta 10 años de prisión a aquel que "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de instituciones internacionales, que puedan ser usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
El documento se aprueba mientras se celebran los juicios a los manifestantes del 11J, en los que se han aplicado sentencias con altas penas de prisión, en medio de denuncias de arrestos arbitrarios, violencia policial, amenazas, fabricación de pruebas y falta de transparencia en los procesos.
Miembros de la sociedad civil han criticado que la nueva norma no se sometió a referéndum.
La plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba, integrada por especialistas en temas de género y feministas, acusó a la ley de estigmatizar amplios segmentos de la población, de criminalizar las libertades políticas, de expresión, prensa y asociación; de constreñir las libertades económicas y de mantener la sanción de pena de muerte.
También cuestiona que los delitos contra la seguridad interior del estado, los funcionarios públicos y los agentes de la autoridad, así como los relacionados con asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas, están redactados de forma que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía.
"Cualquier conducta puede tipificarse como un delito contra la seguridad del estado. Son una aberración legal", recalcó el grupo.
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