Padre del preso político cubano Walnier Luis Aguilar denuncia irregularidades en juicio de apelación

Wilber Aguilar afirmó que en el juicio de casación los jueces no dejaron hablar a los jóvenes que querían defenderse. 

Wilber Aguilar con su hijo Walnier y su nieta © Facebook / Wilber Aguilar
Wilber Aguilar con su hijo Walnier y su nieta Foto © Facebook / Wilber Aguilar

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Este artículo es de hace 2 años

El cubano Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Luis Aguilar, denunció este jueves una serie de irregularidades en el juicio de apelación de los jóvenes manifestantes del 12 de julio en La Güinera, La Habana.

En una directa publicada en Facebook, Aguilar afirmó que en el juicio de casación, además de la invención de cargos por parte de los fiscales, los jueces no dejaron hablar a los jóvenes que querían defenderse.


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"Mi hijo pidió la palabra, y yo también porque en la Televisión Cubana se afirmó que en los juicios permitirían a los familiares expresarse. Es mentira, no me dieron la palabra y a mi hijo lo mandaron a callar", aseguró.

Argumentó que "cuando el fiscal se cansó de inventar cargos", el prisionero Rolando Fleitas gritó que las acusaciones eran falsas y fue sacado del tribunal junto a su madre, quien intentó defenderlo.

Directa de Wilber Aguilar en Facebook. Captura de video.

Otro prisionero que afirmó que estaban sentados en el suelo cuando la policía se abalanzó sobre ellos, fue interrumpido por el juez, quien le dijo "que no quería volver a escuchar la misma historia, que le contara algo nuevo", explicó Aguilar.

En su directa también denunció la situación que empujó a todos los jóvenes de La Güinera a manifestarse el 12 de julio para pedir cambios y libertades.

"Muchos tenían a sus hijos enfermos sin medicinas cuándo decidieron salir a protestar", subrayó.

"Después del 11 de julio empezaron a levantar casas, pero las casas que tienen que construir son las de esos jóvenes que gritaron 'Libertad' por vivir en malas condiciones, olvidados, en un barrio a merced de Dios y marginal", expresó indignado.

"Gritaron 'Libertad' porque no podían más con su corazón. Los abogados dejaron en claro que nunca hubo sedición", apuntó Aguilar, quien confiesa que en las noches encuentra a su esposa llorando en la sala de la casa donde vive con su nieta pequeña.

En un mensaje dirigido a los fiscales cubanos implicados en las sentencias contra los manifestantes del 11 y 12 de julio afirmó: "Ustedes tienen los papeles de esos jóvenes cuyas familias están sufriendo. Allí no había un delincuente, ninguno tenía historial, ninguno nunca ha matado a nadie, ni ha arrebatado un celular".

Al final de su mensaje, el padre cubano cuestionó la dignidad de los que imparten justicia en Cuba, y el nuevo Código de Familia que impulsa el régimen.

"Donde está la dignidad, preparando un Código de Familia cuando nos obligan a mentirle a nuestros nietos. Le digo a mi nieta que su papá está para el trabajo, porque no puedo decirle que su papá está preso por una injusticia que cometieron", subrayó.

Aguilar, cuya casa fue sitiada en días recientes por las fuerzas represivas de la Seguridad del Estado, ha sido uno de los padres más activos en la lucha por la liberación de los llamados jóvenes del 11J.

Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, es uno de los más de 30 presos políticos condenados por participar en las manifestaciones en el reparto La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo, el 12 de julio de 2021. Lo acusaron de sedición y le impusieron una condena de 23 años de privación de libertad, a pesar de ser una persona con discapacidad.

El abogado holguinero Erelde Mulet Sarmiento afirmó en fecha reciente que la condenas contra los manifestantes del llamado 11J en la isla son hasta 34 veces más severas que las de algunos asaltantes al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.

Al hacer una comparación entre los procesos contra los asaltantes al cuartel militar de Santiago de Cuba, que dejó un saldo de 19 muertos, y de los manifestantes del 11J, el letrado consideró que se ha cometido una injusticia contra más de 600 cubanos, de la cual son responsables los jueces y fiscales involucrados.

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