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Estados Unidos en su último informe sobre libertad religiosa en Cuba denunció la represión del régimen contra líderes de iglesias y congregaciones durante las protestas del 11J en la isla.
“Las fuerzas de seguridad atacaron a los líderes religiosos en medio de las protestas públicas sin precedentes en todo el país del 11 de julio, y llevaron a la violencia, la detención y el acoso dirigidos por el Estado contra figuras religiosas de múltiples comunidades religiosas”, apunta el informe del Departamento de Estado, dado a conocer este jueves.
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Expusieron, además, el caso del sacerdote católico José Castor Álvarez Devesa, a quien las fuerzas paramilitares afiliadas al gobierno golpearon con un bate mientras intentaba ayudar a un manifestante herido durante las manifestaciones del 11J en Camagüey.
Recordaron que las fuerzas de seguridad de la isla detuvieron al sacerdote cuando buscaba atención médica por las heridas recibidas y que después de liberado el gobierno lo mantuvo bajo investigación hasta finales de 2021.
Otro caso que se añade en este informe es el del pastor Lorenzo Rosales, quien fue condenado a siete años de privación de libertad por acompañar a los manifestantes que participaron en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Palma Soriano, Santiago de Cuba.
También el análisis refiere que “a pesar de las disposiciones constitucionales que garantizan la libertad de conciencia y religión y prohíben la discriminación basada en la religión, el gobierno siguió utilizando amenazas, detenciones, violencia y otras tácticas coercitivas para restringir las actividades de algunos grupos, líderes y seguidores religiosos, incluido el derecho de los reclusos a practicar la religión libremente”.
Asimismo, exponen que el gobierno de Miguel Díaz-Canel aplica la ley de manera arbitraria y caprichosa para atacar a grupos religiosos e individuos cuyas opiniones no coinciden con las del régimen.
“Algunos grupos religiosos continúan expresando su preocupación por que la Constitución cubana, en vigor desde febrero de 2019, debilitó significativamente las protecciones a la libertad de religión o creencias y diluyó las referencias a la libertad de conciencia, separándola de la libertad de religión”, añade el informe.
Destacan también que las autoridades en la isla usaron la crisis de COVID-19 para obstaculizar las actividades de la iglesia y la comunidad, monitorear a los líderes de la iglesia, realizar arrestos arbitrarios, confiscar propiedades privadas e imponer tarifas de extorsión.
El informe recoge, entre otras denuncias, que las autoridades en la isla continuaron hostigando al pastor Alain Toledano, miembro del Movimiento Apostólico y líder de la Iglesia Emanuel en Santiago de Cuba.
Además, este análisis refiere que también el gobierno utilizó contra religiosos las leyes de Internet que restringen la libertad de expresión de los periodistas independientes, incluidos los que promueven la libertad de religión o creencias y otros derechos humanos, y que usa a las redes sociales para hostigar y difamar a los líderes religiosos.
En noviembre último, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Cuba en una "lista de vigilancia" de gobiernos con "graves violaciones de la libertad religiosa" durante 2021.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo al anunciar a los países designados en este listado que la actual administración estadounidense apoya "sociedades abiertas y justas, en las que todos puedan disfrutar de la libertad de religión o creencias".
"Las designaciones de hoy arrojan luz sobre los gobiernos que violan la libertad religiosa y requieren atención y acción urgentes", explicó en esa ocasión.
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