El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno cubano revisar las condenas impuestas a los menores de edad que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio de 2021.
“Si bien está muy preocupado por las denuncias recibidas sobre abusos y malos tratos durante las detenciones de niños, niñas y adolescentes ocurridas como consecuencia de las protestas de 2021, el Comité insta al Estado parte a que investigue las denuncias de violencia y detención arbitraria, detención en régimen de incomunicación, desaparición forzada, malos tratos y tortura”, refiere el documento publicado por la institución.
El texto de la ONU insiste en que el régimen cubano cometió violaciones durante los procesos de identificar, enjuiciar y sancionar a los responsables de abusos y malos tratos a niños y niñas, así como en su deber de ofrecer reparación a los niños víctimas de la violencia y la represión que imperaron en el país durante el estallido antigubernamental.
Ante la precaria situación de los derechos humanos en la isla caribeña y la falta de atención real a lo regulado por la Convención sobre los Derechos del Niño, el documento oficial indicó que “el Vicepresidente Primero del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros es la autoridad nacional responsable de los derechos del niño”, pero que en el caso de Cuba, es necesario que “se establezca un órgano especializado de alto nivel interministerial con un mandato claro y autoridad suficiente para coordinar todas las actividades relacionadas con la aplicación de la Convención a nivel intersectorial, nacional, regional y local”.
La organización internacional exigió al gobierno que revise los sistemas que tributan a garantizar que los niños menores 18 años cuenten con las garantías mínimas sustantivas y procesales en materia penal procedimientos, incluido el derecho a la defensa, a la no autoincriminación y a la impugnación y establecer un mecanismo independiente de revisión y apelación.
También señaló que en las escuelas de la isla no se enseñan estas cuestiones fundamentales a los infantes, lo cual los pone en posición de desventaja ante los abusos de las autoridades y los cuerpos represivos, en este caso la policía y la Seguridad del Estado.
De acuerdo con el Comité de la ONU, es necesario que Cuba establezca sin demora sistemas y procedimientos especializados, disponibles para niños de todas las edades, con recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, así como la designación de fiscales y jueces capacitados para velar por los derechos de los menores.
Asimismo destaca que en el país debe recopilarse y publicarse sistemáticamente periódicamente datos desglosados sobre todos los niños menores de 18 años que se encuentren a cargo del sistema de justicia, ya sea por cuestiones administrativas o legales.
La ONU también demanda al régimen de la isla que evite “la detención preventiva de los niños, acortar su período y (...) garantizar el debido proceso y el cumplimiento de los principios de la justicia de menores en todos los casos en los que haya niños implicados; y revisar y concluir rápidamente las apelaciones contra las sentencias, en particular las de supervisión y confinamiento, impuestas a niños implicados en las protestas del 11 de julio”.
Además manifiesta su preocupación por la separación de familias cubanas a partir de las detenciones arbitrarias o el exilio forzado de uno de los padres, así como el sometimiento de los niños a situaciones de estrés y persecución como represalia a la filiación política de sus tutores legales.
Desde su cuenta en Twitter la activista Camila Rodríguez se hizo eco del documento y las exigencias del Comité de los Derechos del Niño, aunque destacó que este tiene un carácter meramente contemplativo que está en concordancia con el trato que recibe el régimen cubano por parte de Naciones Unidas.
No obstante, no es esta la primera vez que la organización internacional toma posturas críticas con respecto a las violaciones de derechos humanos en Cuba. En mayo de 2022 la ONU cuestionó algunas medidas del gobierno de la isla como la separación familiar forzosa, la prohibición de entrada al país por ocho años de profesionales y deportistas y el impacto en los niños de ambas medidas.
En diferentes encuentros de la institución la delegación de la isla se ha visto obligada a mentir para justificar las prácticas inhumanas a las que somete a muchos menores. Durante el mes anterior negó la represión contra niños y adolescentes que se manifestaron el 11 de julio de 2021 y el carácter obligatorio del Servicio Militar, precisamente ante cuestionamientos que hiciera el propio Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
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