La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó “la respuesta legal” adoptada en los casos de 76 ciudadanos que se manifestaron durante las históricas protestas del 11J, dictando hasta 18 años de prisión para cuatro de ellos.
“La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista”, indicó este miércoles la institución en un comunicado.
Las sentencias firmes fueron notificadas entre los días 16 y 21 de junio y adoptadas en procesos que familiares y activistas han calificado de “farsa judicial” por los tribunales de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. Según la FGR, las condenas fueron dictadas por la comisión de los delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato.
De los 76 acusados a los que se notificó sentencia firme, cuatro de ellos tendrán que cumplir entre 16 y 18 años de privación de libertad. El grupo más numeroso (30 acusados) recibió condenas entre 11 y 15 años de prisión, mientras que otros 22 eran sancionados con penas de hasta diez años.
“Respecto a 18 acusados, las sanciones privativas de libertad se subsidiaron por trabajo correccional con y sin internamiento y limitación de libertad, que incluyen 12 jóvenes entre 16 y 18 años”, informó la FGR. En el caso de otros dos acusados, “se dispuso su absolución”.
El comunicado recordó que el incumplimiento de “las obligaciones impuestas por los Tribunales en sus sentencias, o la comisión de un nuevo hecho delictivo, conlleva a la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad”.
Faltando 19 días para cumplirse un año del estallido social que sacó a miles de ciudadanos a protestar en las calles de más de 60 ciudades y territorios cubanos, el gobierno lanza un “aviso a navegantes” a través de uno de los órganos que más protagonismo han cobrado en la represión desatada contra los que salieron a reclamar un cambio en Cuba al grito de “Libertad” y “Patria y Vida”.
El recordatorio a los que se quedan en régimen de “libertad limitada” de no cometer “nuevos hechos delictivos”, incluye no solo la advertencia de la inmediata vuelta al régimen de privación de libertad, sino “la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades”.
Con su régimen sancionador y el proceso de ejecución de las sanciones que ahora se inicia para 74 manifestantes, la administración de Justicia en Cuba espera que “se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social”.
A mediados de junio, un total de 30 manifestantes del 11J, oriundos de La Habana y Artemisa, fueron condenados con hasta 18 años de privación de libertad tras presentar un recurso de apelación, mientras que otros tres recibieron un cambio de medida.
En sus casos también resultaron acusados, fundamentalmente, de cometer los delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos, de acuerdo con un comunicado de la FGR. Por su parte, la plataforma Justicia 11J llamó la atención sobre la falta de transparencia que existe en la emisión de este tipo de información por parte de la Fiscalía.
"No ha ofrecido una cifra oficial de detenciones a raíz de las manifestaciones, ni del desarrollo de procesos administrativos asociados a ellas, ni de cifras totales en relación con las distintas etapas del proceso penal. Por el contrario, la nueva información emitida más que ampliar la que ya había sido divulgada cuatro meses antes, la restringe, refiriendo ahora cifras que implican la finalización de procesos penales de por sí dilatados", expresó la organización a través de un comunicado.
Con su calificación de la protesta (un derecho contemplado hasta en la propia constitución del régimen) como un atentado "contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista", se demuestra la subordinación de la justicia en Cuba a la ideología impuesta por el partido comunista.
En otro comunicado a mediados de junio, la FGR reportó que 381 manifestantes del 11J habían sido juzgados, incluyendo 16 menores de edad, acusados de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos. De los menores, 15 también fueron sancionados a trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad.
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