Corte Suprema de EE.UU. acorta la separación entre Iglesia y Estado

Los jueces conservadores del tribunal, que tienen mayoría de 6 a 3, han adoptado en varias ocasiones en las últimas semanas una posición favorable a los derechos religiosos

Corte Suprema de Estados Unidos (Imagen de referencia) © Wikimedia
Corte Suprema de Estados Unidos (Imagen de referencia) Foto © Wikimedia

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Este artículo es de hace 2 años

WASHINGTON (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha ido erosionando en las últimas semanas el muro que separaba a la Iglesia del Estado en una serie de sentencias que han minado las tradiciones jurídicas estadounidenses, destinadas a impedir que los funcionarios del Gobierno profesen una fe determinada.

En tres decisiones en las últimas ocho semanas, el alto tribunal ha fallado en contra de funcionarios del Gobierno cuyas políticas y acciones se tomaron para evitar violar la prohibición de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre el respaldo gubernamental a una religión, conocida como la "cláusula de establecimiento".


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El tribunal respaldó este lunes 27 a un entrenador de fútbol americano de una secundaria pública del estado de Washington, que había sido suspendido por un distrito escolar local por negarse a dejar de dirigir oraciones cristianas con los jugadores en el campo después de los partidos.

Previamente, el 21 de junio, el altó tribunal respaldó el pago con dinero de los contribuyentes para que los estudiantes asistan a escuelas religiosas en el marco de un programa de ayuda a la matrícula de Maine en zonas rurales, que carecen de escuelas secundarias públicas locales.

El 2 de mayo, la Corte Suprema también falló a favor de un grupo cristiano que pretendía ondear una bandera con una cruz en el ayuntamiento de Boston, en el marco de un programa destinado a promover la diversidad y la tolerancia entre las distintas comunidades de la ciudad.

Los jueces conservadores del tribunal, que tienen una mayoría de 6 a 3, han adoptado en particular una posición favorable a los derechos religiosos.

El pasado viernes también tomó una decisión, aclamada por los conservadores religiosos, que anula la sentencia Roe contra Wade, de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, aunque en ese caso no implicaba la cláusula de establecimiento.

El profesor de la Facultad de Derecho de Cornell, Michael Dorf, dijo que la mayoría del tribunal parece escéptica respecto a la toma de decisiones del Gobierno basada en el secularismo.

"Consideran que el laicismo, que durante siglos ha sido el entendimiento del mundo liberal de lo que significa ser neutral, es en sí mismo una forma de discriminación contra la religión", dijo Dorf sobre los jueces conservadores.

En el fallo del lunes, el juez conservador Neil Gorsuch escribió que el objetivo del tribunal era evitar que los funcionarios públicos resultaran hostiles a la religión al acudir a la cláusula de establecimiento.

Gorsuch dijo que "en ningún mundo las preocupaciones de una entidad gubernamental sobre violaciones fantasmas pueden justificar violaciones reales de los derechos que la Primera Enmienda da a los ciudadanos".

Fue el presidente Thomas Jefferson quien dijo, en una muy citada carta de 1802, que la cláusula de establecimiento debía representar un "muro de separación" entre la Iglesia y el Estado.

La disposición impide que el Gobierno establezca una religión estatal y le prohíbe favorecer una fe sobre otra.

En las tres sentencias recientes, el tribunal usó que las acciones del Gobierno destinaron a mantener la separación de la Iglesia y el Estado habían infringido, en cambio, los derechos de libertad de expresión o de libre de la religión, también protegidos por la Primera Enmienda, como escribió la jueza liberal Sonia Sotomayor en el caso de Maine, ese enfoque "nos lleva a un lugar donde la separación de la iglesia y el estado se convierte en una violación constitucional".

Las opiniones varían en cuanto al grado de flexibilidad que tienen los funcionarios del gobierno para permitir la expresión religiosa, ya sea por parte de empleados públicos, en terrenos públicos o por parte de personas durante un procedimiento oficial.

(Reporte de Lawrence Hurley y Andrew ChungEditado en español por Javier López de Lérida)

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