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Las autoridades de Ciego de Ávila identificaron más de 3 mil hogares en situación de vulnerabilidad en la provincia, según reflejó la prensa oficialista local en un intento de “tomar el pulso a la realidad avileña más allá de los números”.
Un artículo publicado el viernes pasado en el periódico Invasor bajo ese título, pretendió poner el foco en la realidad de pobreza y exclusión social que padecen grupos de población en la provincia, pero terminó ofreciendo cifras y planes de trabajo que apenas se compadecen con la situación de miles de familias avileñas.
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El Consejo Provincial de Gobierno analizó el asunto con la presencia de Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Ciego de Ávila, y el gobernador Tomás Alexis Martín Venegas.
Para los dirigentes, según Invasor, la clave del trabajo y la asistencia social está en que los funcionarios tengan “la suficiente sensibilidad y sentido de urgencia en el tratamiento de problemas actuales que impactan directamente en la familia como célula fundamental de la sociedad”.
Para ello, según Izquierdo Alonso, es necesario ir más allá de los números. “Aunque se midan indicadores, se definan metas y sus respectivas fechas de cumplimiento, con vistas a resolver asuntos crecientes y complejos, se ha de ir más hacia lo cualitativo en la mejoría de la realidad de las personas afectadas”, indicó.
Sin embargo, los dirigentes abordaron esa realidad con la frialdad de unos números generalistas que distan mucho de expresarla en su verdadera dimensión. Según dijeron en la reunión, en Ciego de Ávila hay “3,442 hogares en condiciones de vulnerabilidad”.
“En la actualidad se protegen 665 núcleos con prestaciones de la asistencia social, se identifican 631 madres solas a cargo de menores, de ellas 167 con tres o más hijos”, señalaron los responsables de la asistencia social.
Además, indicaron que “se trabaja en la transformación de 71 niños en situación de riesgo”. Los dirigentes no precisaron en qué consiste ese “trabajo de transformación de 71 niños”, ni cuál era su “situación de riesgo”.
Asimismo, señalaron que “controlan 16 casos que consumen medicamentos, otros 16 controlados y con seguimiento por ejercicio de la prostitución”. También controlan a “177 que han egresado de establecimientos penitenciarios y a 128 sancionados sin internamiento”.
“¿Qué trabajo hacemos con aquellas adolescentes proclives a embarazarse, menores propensos a participar en hechos delictivos, personas que no trabajan, niños que no asisten a las escuelas, casas con piso de tierra, personas con discapacidad, ancianos que viven solos? Los problemas son reales y a veces no llegamos hasta el final, no se trata de dar tres cosas cuando te hacen falta diez, es darlo todo. Y a veces llegamos con lo que menos le hace falta a esa familia”, señaló el primer secretario del PCC en la provincia.
Con un presupuesto para 2022 de más de 176 millones de pesos, las autoridades de Ciego de Ávila pretenden desarrollar un sistema de asistencia social abarcador, que contribuya a la “transformación integral de comunidades vulnerables”.
Para conseguirlo, “falta más trabajo en la base, sobre todo de los trabajadores sociales, porque las situaciones de las personas vulnerables existen y no se identifican”, añadió el cuadro del PCC, incidiendo en “el aprovechamiento de capacidades existentes”.
Siguiendo las pautas trazadas por el primer secretario del PCC y gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, las autoridades avileñas insistieron en la importancia de “la unidad ciencia-gobierno”, para lo cual recomendaron que “las autoridades o funcionarios se acompañen de expertos para la toma de decisiones en diferentes áreas”.
Pero la realidad es que los cubanos ya no se fían del PCC ni aunque se acompañe de “expertos”. A mediados de junio se conocía que la mitad de los municipios de Ciego de Ávila no son capaces de captar nuevos militantes. El decrecimiento en la cantidad de militantes en al menos cinco municipios le fue informado a Díaz-Canel en una reunión con los máximos dirigentes de la organización en esa provincia.
La “realidad” también está en la “harina de yuca y de arroz” a la que tuvieron que recurrir directivos y trabajadores de la empresa de la Industria Alimentaria de Ciego de Ávila para “revertir saldos negativos”. O en el mal estado en que se encuentran casi el 80% de las carreteras de esa provincia.
La “realidad” también está en los 105 alumnos que abandonaron las escuelas en mayo porque sus familias emigraron. Y en otros muchos indicadores que hablan de la pobreza, la escasez y la desigualdad creciente en la provincia y en Cuba. Una realidad frente a la cual el PCC y las autoridades del régimen cubano son parte del problema y no la solución.
Según aseguró este viernes el periódico oficialista Granma, órgano oficial del único partido legal de Cuba, más de 370,000 cubanos reciben asistencia social en la isla por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad económica.
Agravada por la llamada Tarea Ordenamiento, la creciente inflación monetaria y la escasez de alimentos y productos básicos de primera necesidad, la situación de pobreza y exclusión social afecta, según cifras oficiales a 55,000 madres con tres o más hijos, familias que residen en comunidades marginales, jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo, adultos mayores y personas con discapacidad.
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