El Gobierno cubano declaró Playa Larga, en la Bahía de Cochinos, como "zona de regulaciones especiales" de "preferente uso turístico", a través de un acuerdo del Consejo de Ministros que da prioridad al Estado para construir más hoteles.
A través del Acuerdo 9367, publicado en la Gaceta Oficial este martes, se lanza un grupo de restricciones para una superficie total de 248,50 hectáreas, constituida por el asentamiento urbano de Playa Larga y las instalaciones de veraneo en Playa Máquina, perteneciente al municipio de Ciénaga de Zapata, de la provincia de Matanzas.
Aunque el gobierno asegura que "el objetivo de esta declaración es rescatar y preservar los valores ambientales, patrimoniales y turístico-recreativos de Playa Larga y su entorno", la medida incide directamente en los dueños de viviendas en Playa Larga, quienes quedan impedidos de residir en franjas como Playa Máquina, pues el área está limitada a "lugar de veraneo".
Ese terreno de 1,3 hectáreas "es propiedad del Estado Cubano", y este dispone que el disfrute de las instalaciones de veraneo del lugar "es de manera temporal, sin que constituya una residencia permanente", señala el texto.
Asimismo, que cuando se requiera un terreno para "otros fines" puede disponer del mismo otorgando una nueva vivienda fuera de la zona al propietario.
Sobre las casas de renta dispone que "el arrendatario puede subarrendar previa aprobación por resolución del Consejo de la Administración Municipal de Ciénaga de Zapata, oído el parecer de la Dirección de Trabajo Municipal del propio municipio"; pero "no puede ser utilizado como vivienda y por tanto no se ocupa de forma permanente", dice la resolución.
Asimismo, determina que la construcción de nuevas viviendas dentro de los límites de la zona mencionada se realizará en las áreas definidas en el Plan de Ordenamiento Urbano, previa conciliación con el Ministerio de Turismo.
La medida, firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, subraya que "se procederá a la demolición total o parcial de la instalación que no cumpla las regulaciones urbanísticas del Plan de Ordenamiento Urbano de Playa Larga y de manera particular, las regulaciones específicas del Plan de Ordenamiento Urbano de Playa Máquina".
También, que el "Consejo de la Administración Municipal de Ciénaga de Zapata garantiza el control y seguimiento del ordenamiento de Playa Máquina, al efecto de que no surjan nuevas ilegalidades en la Zona".
Entre otras disposiciones, detalla que cuando el Estado "requiera áreas para la construcción en función de programas de desarrollo turístico y otros, en el momento que las necesite, acuerda con los propietarios la compra o reubicación de las viviendas, u otras formas de compensación a los afectados que se ubican en estas".
Estas nuevas viviendas que serían entregadas a cambio de las casas situadas en las zonas de interés del régimen, serán edificadas "fuera de la zona o en áreas que el Plan de Ordenamiento Urbano defina para este uso".
Sobre los ocupantes ilegales explica que estos serán trasladados hacia los sitios diseñados para su acogida fuera de la Zona.
El texto legal también aclara que la administración de Playa Larga queda a cargo del Gobierno Provincial del Poder Popular de Matanzas.
Recientemente Marrero Cruz amenazó con demoler las viviendas de habitantes de estos poblados costeros del municipio de Ciénaga de Zapata, en Matanzas, tras un recorrido por los barrios Caletón y Playa Máquina.
Advirtió entonces que "por una racionalidad política", no demolerían las viviendas de 900 personas. El nuevo acuerdo allana el camino para justificar la racionalidad económica sobre la política.
En los últimos años el gobierno cubano se ha hecho del control de varios territorios estratégicos para el turismo y por motivos de "seguridad", como son las áreas de La Habana Vieja, Centro Habana, El Vedado, el famoso balneario de Varadero, y más recientemente el área de Soroa, en Artemisa. Allí también se ha amenazado con el desalojo a los habitantes.
La decisión de declarar estas Zonas con Regulaciones Especiales se ampara en el Decreto-Ley 331 de 2015, mediante el cual el Instituto de Planificación Física propone al Consejo de Ministros de Cuba las áreas que reciben un tratamiento diferenciado en función de intereses medioambientales, históricos, culturales, económicos, de la defensa, la seguridad y el orden interior.
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