El Departamento de Justicia está cerrando el círculo de investigación sobre el presidente Donald Trump como parte de una posible incriminación penal por sus acciones para tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020, según anunciaron este martes influyentes medios estadounidenses.
Los diarios The Washington Post y The New York Times revelaron en sendos reportes que fiscales federales han interrogado a prominentes testigos sobre la participación del exmandatario estadounidense en los esfuerzos para negar su derrota en las elecciones presidenciales frente al candidato demócrata Joe Biden.
La investigación está centrada en las gestiones de Trump, con el respaldo de sus abogados y colaboradores cercanos, para influir en los resultados electorales de algunos estados y tratar de sustituir electores certificados por electores falsos, de acuerdo con testigos citados por ambas publicaciones.
Por el momento, la pesquisa del Departamento de Justicia no apunta a implicar a Trump en la incitación del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y es independiente de los esfuerzos del comité especial de la Cámara de Representantes que responsabiliza directamente al expresidente con los violentos sucesos de esa jornada en Washington DC.
Ambas rutas investigativas son independientes, pero pudieran confluir en la medida que se incrementan las entrevistas con testigos y la revisión de cientos de documentos, aunque a diferencia de la labor del Departamento de Justicia, las audiencias de la Cámara de Representantes no tienen el poder para establecer procesos criminales ni acusar a nadie de hechos delictivos.
Pero el material obtenido podría ser usado por los fiscales del Departamento de Justicia y todo indica que la investigación penal está entrando en una etapa más agresiva y con crecientes tensiones políticas.
Los reportes periodísticos se produjeron en una jornada especialmente cargada de acontecimientos relevantes en el escenario político, que implicaron tanto a la administración Biden como a Trump.
Este martes, en una entrevista exclusiva con la cadena televisiva NBC, el Secretario de Justicia, Merrick Garland, aseveró que la investigación del 6 de enero seguirá los hechos hasta dondequiera que lleguen y, en una directa alusión a las más altas esferas de poder, dijo que "nadie está exento o por encima del escrutinio".
“Buscamos la justicia, sin miedo ni favoritismos. Tenemos la intención de hacer rendir cuentas a todo el mundo, a cualquiera que haya sido responsable penalmente de los acontecimientos que rodearon el 6 de enero, de cualquier intento de interferir en el traspaso legal del poder de una administración a otra, eso es lo que hacemos. No prestamos atención a otras cuestiones con respecto a eso”, aseveró Garland.
Horas después, Trump regresó por primera vez a Washington desde su partida de la Casa Blanca para hablar en una reunión de militantes conservadores y repetir su reivindicación como ganador de las elecciones de 2020.
Prácticamente a una milla del Capitolio, en la sede del America First Policy Institute, Trump desafió los intentos por culparlo y criticó agresivamente el desempeño de la administración Biden.
“Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo”, dijo en un discurso aplaudido por sus seguidores.
Pero la investigación del Departamento de Justicia sigue su curso, a la vez que un jurado de instrucción en el estado de Georgia está entrevistando testigos de alto rango acerca de las interferencias y presiones de Trump sobre los funcionarios y las instituciones estatales para cambiar los votos de la elección presidencial.
En cuanto a la investigación federal, los diarios estadounidenses coincidieron en mencionar que la fiscalía ha interrogado a dos altos asesores del vicepresidente Mike Pence.
Los fiscales han dedicado horas de preguntas detalladas sobre las reuniones que Trump dirigió en diciembre de 2020 y enero de 2021, su campaña de presión sobre Pence para anular la elección y las instrucciones dadas por Trump a sus abogados y asesores sobre los electores falsos y el envío de los electores a los estados, según The Washington Post.
Los interrogatorios se enfocaron en el alcance de la participación de Trump para designar falsos electores por vía de sus abogados externos, incluidos John Eastman y Rudy Giuliani, de acuerdo con dos testigos.
Pero no solo los testimonios orales están apretando el círculo sobre el expresidente.
En abril, el Departamento de Justicia recibió los registros telefónicos de funcionarios y ayudantes clave de la administración Trump, incluido su ex jefe de personal, Mark Meadows. El expediente de las comunicaciones telefónicas está en revisión antes de que comenzaran las audiencias en el Congreso sobre el asalto al Capitolio, el pasado junio.
En realidad, la indagación de los fiscales del gobierno comenzó mucho antes de que el Congreso se lanzara a formar el panel especial sobre el 6 de enero de 2021. Garland la considera "la más amplia investigación de la historia" del Departamento de Justicia.
"Al tratar de entender cómo y por qué los partidarios y abogados de Trump trataron de cambiar el resultado de las elecciones, los investigadores también quieren entender, como mínimo, lo que Trump les dijo a sus abogados y altos funcionarios que hicieran", dijo un informante cercano a la pesquisa.
Los expertos legales consideran que el caso es extremadamente delicado y transita por una filosa frontera de información protegida por confidencialidad y seguridad nacional.
El asunto de descarrilar los resultados de una elección presidencial y subvertir la transferencia de poderes entra en consideraciones políticas protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, lo que dificulta la derivación de una investigación criminal y mucho más una acusación delictiva.
Eso explica que la investigación del motín del Capitolio haya permanecido básicamente bajo estricto hermetismo hasta las últimas semanas, cuando se filtraron algunas de las citaciones, órdenes de registro y entrevistas con los fiscales.
El exjefe de personal de Pence, Marc Short, y su abogado, Greg Jacob, comparecieron ante el jurado de instrucción en el centro de Washington en los últimos días, según los medios estadounidenses.
Los testigos citados por The Washington Post mencionan dos vías investigativas principales que podrían conducir en última instancia a un escrutinio adicional de Trump: la conspiración sediciosa y la conspiración para obstruir un procedimiento gubernamental.
El diario alude a recientes citaciones a dos legisladores del estado de Arizona, a quienes se les ordenó entregar las comunicaciones con "cualquier miembro, empleado o agente de Donald J. Trump o cualquier organización que abogue por la reelección de Donald J. Trump en 2020, incluyendo 'Donald J. Trump for President, Inc.'"
La trama de los falsos electores se ha convertido este año en foco central de la investigación del Departamento de Justicia.
Después de que Trump perdiera las elecciones, los abogados y otras personas cercanas a él instaron a funcionarios del Partido Republicano en estados cruciales a presentar listas alternativas e ilegítimas de electores para rechazar los resultados de las votaciones estatales.
Entre sus colaboradores más cercanos parece extremadamente comprometido el caso de Giuliani, quien dijo que las listas rivales eran necesarias y apropiadas, y ha sido considerado supervisor de la estrategia.
El mes pasado, agentes federales se desplegaron en múltiples estados para entregar citaciones del jurado federal de instrucción, ejecutar órdenes de registro y entrevistar a los testigos.
Los agentes federales han revisado los dispositivos electrónicos del abogado Eastman y registraron la casa de Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que respaldó los últimos esfuerzos de Trump para evitar que Biden se convirtiera en presidente.
A muchos de los que recibieron citaciones se les dijo específicamente que entregaran sus comunicaciones con Giuliani.
La investigación en torno a Trump resulta un acontecimiento inédito para el Departamento de Justicia y para Estados Unidos, pues ningún expresidente ha sido acusado de un delito ante los tribunales en la historia del país.
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