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La saga legal en torno al allanamiento de Mar-a-Lago escaló un preocupante peldaño este miércoles con las revelaciones de que entre los materiales incautados por el FBI al expresidente Donald Trump figura un documento que describe las capacidad nuclear de las defensas militares de un gobierno extranjero.
Un explosivo reporte del diario The Washington Post indicó que fuentes familiarizadas con el registro en la mansión de Trump confirmaron que los archivos ocupados detallan operaciones estadounidenses de máximo secreto, con un nivel de confidencialidad que incluso altos funcionarios de seguridad nacional no los conocen.
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El periódico estadounidense advirtió que "solo el presidente, algunos miembros de su gabinete o un funcionario cercano al gabinete podrían autorizar a otros funcionarios del gobierno a conocer detalles de estos programas de acceso especial".
La información contenida en el documento es altamente sensible, por lo general producida por fuentes de inteligencia con acceso a jerarquías políticas y militares de países foráneos. No se develaron datos sobre el país o gobierno al que se refiere el material, ni si se trata de una nación aliada de Estados Unidos.
Aunque el tema del contenido nuclear de los documentos incautados se manejó como posibilidad desde el mismo momento de la requisa, es ahora que emergen por primera vez las evidencias puntuales sobre el asunto.
La publicación se convirtió en la noticia de la jornada en los medios y el acontecer noticioso estadounidense, y marcó otro capítulo de preocupación sobre los asuntos de inteligencia y seguridad nacional implicados en la investigación del caso.
Es sin dudas la más devastadora de las filtraciones sobre los archivos ocupados a Trump que haya emergido hasta el momento y acaso la más dañina para la justificación de su conducta ante la opinión pública.
"Algunos programas de acceso especial pueden tener tan solo un par de docenas de funcionarios autorizados a conocer la existencia de una operación. Los registros relacionados con estos programas se guardan bajo llave, casi siempre en una instalación de información compartimentada y segura, con un funcionario de control designado para vigilar cuidadosamente su ubicación", precisó el reporte.
Pero esas premisas de preservación no parecen haber gravitado sobre los documentos guardados en Mar-a-Lago por los 18 meses que permanecieron en seguridad incierta desde que Trump abandonó la Casa Blanca.
Incluso, funcionarios de su administración, como el exsecretario de Justicia William Barr, se han cuestionado públicamente el hecho de que Trump se haya llevado documentos clasificados para su mansión tras terminar el mandato presidencial en 2021.
"La gente dice que esto no tiene precedentes, pero tampoco tiene precedentes que un presidente tome toda esta información clasificada y la ponga en una casa club, ¿de acuerdo?", dijo Barr en una entrevista con Fox News el pasado viernes.
Barr se negó a cumplir las órdenes de Trump para que se cuestionaran los resultados electorales que dieron la victoria al candidato demócrata Joe Biden en noviembre de 2020.
Hasta el momento, el FBI ha recuperado más de 300 documentos clasificados de Mar-a-Lago: 184 en un conjunto de 15 cajas enviadas a la Administración Nacional de Archivos y Registros en enero, 38 más entregados por un abogado de Trump a los investigadores en junio, y más de 100 documentos adicionales desenterrados en un registro aprobado por el tribunal el 8 de agosto, según el recuento oficial.
Los abogados de Trump salieron de inmediato al ruedo de la contraofensiva legal, denunciando presuntas filtraciones por parte del Departamento de Justicia.
"Continúan sin respetar el proceso ni la verdad real. Esto no sirve bien a los intereses de la justicia", dijo Christopher Kise, abogado de Trump. "Además, el daño a la confianza pública en la integridad del sistema simplemente no puede ser subestimado".
Kise recomendó que el curso de acción responsable sería que el gobierno ejerciera el liderazgo y el control de estos documentos.
El equipo legal de Trump insistió en que un tribunal federal ha proporcionado "un camino sensato que no incluye la filtración selectiva de información", en alusión a un fallo reciente de la jueza Aileen M. Cannon, que ordenó la designación de un perito independiente para evaluar la pertinencia de los documentos incautados para la investigación en curso.
El Departamento de Justicia y del FBI declinaron hacer comentarios. Cannon dio de plazo a ambas partes hasta el 9 de septiembre para entregar un listado de posibles peritos, pero es probable que los fiscales federales apelen la decisión de Cannon.
No ha estado exenta de controversias la decisión de Cannon, quien ha sido reprendida por expertos legales por ser "excesivamente deferente con el equipo legal de Trump". Cannon, nacida en Cali, Colombia, de madre cubana, fue nombrada en el puesto por Trump en noviembre de 2020.
Barr fustigó el fallo como "erróneo" y dijo que era "profundamente defectuoso en varios aspectos", calificando a Cannon como una jueza "obviamente muy brillante, muy conservadora y muy inexperta".
Si el Departamento de Justicia decide apelar el fallo de Cannon y otras cuestiones pendientes del privilegio ejecutivo de un expresidente, el caso pudiera ralentizarse notablemente.
Y ganar tiempo parece la clave de los abogados y asesores de Trump.
Pero el Departamento de Justicia aún puede entrevistar a testigos, utilizar otras pruebas y presentar información a un gran jurado mientras el perito independiente examina el material incautado. Trump no tendrá acceso a los documentos durante el proceso en marcha.
Cannon consideró que el nombramiento de un perito especial era necesario "para garantizar al menos la apariencia de imparcialidad e integridad en las circunstancias extraordinarias que se presentan en el caso".
El tema de los documentos clasificados y superclasificados sigue generando controversias en la sociedad estadounidense y ha polarizado posiciones entre los seguidores de Trump y quienes, con independencia de la militancia partidista, creen que la presencia de material secreto en los predios de la mansión de Mar-a-Lago es una grave amenaza a las reglas de seguridad establecidas.
Y aunque numerosos republicanos acusan al Departamento de Justicia de actuar con "malicia política" contra Trump para invalidar su posible candidatura por retomar la Casa Blanca en 2024, el solo hecho de las evidencias presentadas tras el allanamiento y las investigaciones adicionales sobre sus finanzas personales podrían dar al traste con las aspiraciones del expresidente.
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