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Cuba es el país de América Latina con más agresiones a la libertad de prensa, según el más reciente Informe Sombra de la Red Voces del Sur (RVS).
En el último año, en la isla se documentaron 1,129 actos de hostigamientos contra periodistas, apunta el análisis que se nutrió de la recopilación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
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El resume apunta, además, que casi la totalidad de esas agresiones el perpetrador resultó ser el propio Estado cubano.
La cifra también representa un incremento del 228% en relación con el 2020, añade el análisis.
Asimismo, del total de agresiones, el 66% corresponde a detenciones arbitrarias, el 22% a restricciones de Internet y el 7% a ataques a individuos.
“Tan solo el 11 de julio de 2021, en el marco de protestas antigubernamentales, se dieron al menos 50 detenciones de personas periodistas y trabajadoras de medios”, resalta la investigación.
“La presidencia de Miguel Díaz-Canel, da continuidad al proyecto político autocrático, violento y profundamente antidemocrático que se ha cimentado en más de 60 años de gobierno en la nación cubana”, sostiene la valoración de la RVS.
También el informe destacó que “si bien las leyes prohíben explícitamente la existencia de la prensa independiente, diversos medios de comunicación desafían la prohibición para informar sobre lo que sucede en la isla”.
En las conclusiones del informe se apunta que el escenario represivo en Cuba ha llevado a posturas de “autocensura y exilio” en un número sin precedentes y que “a nivel institucional, se dan cambios en el marco jurídico, para facilitar y justificar el actuar de las fuerzas estatales en instancias como las detenciones arbitrarias”.
El informe de RVS subraya el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, sentenciado a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia.
Además, advierte sobre decenas de periodistas que enfrentaron, sin orden judicial, prisión domiciliaria por largos períodos de tiempo durante el 2021, sobre todo después de las protestas del 11J.
Tras este análisis, la RVS recomendó al gobierno de la isla que “deben derogar leyes represivas e instrumentos del engranaje institucional que prohíben las libertades de prensa, expresión, y asociación, y sirven para censurar y reprimir estructuralmente”.
La organización igual instó a la comunidad internacional a abogar por la liberación del periodista Valle Roca, del influencer Yoandi Montiel (el Gato de Cuba) y de todas las personas presas de conciencia en las cárceles cubanas.
A nivel regional, en el último año se documentaron 4,930 alertas por violaciones contra la libertad de expresión y de prensa y el derecho de acceso a la información en 14 países de América Latina.
El balance presentado por RVS confirma un devastador aumento de casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión en la región, especialmente en Cuba, Nicaragua, Colombia y México, apuntó en Twitter la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
En la última semana, también la organización no gubernamental mexicana Article 19 informó sobre las más de 200 agresiones a periodistas y activistas en Cuba durante el primer semestre de 2022.
En total se cometieron 125 agresiones contra 61 periodistas (28 mujeres y 33 hombres) y 90 agresiones contra 51 activistas de derechos humanos (23 mujeres y 28 hombres), precisó la ONG a través del informe “Libertad de expresión en Cuba: análisis semestral en cifras de enero a junio de 2022”.
Las agresiones más comunes contra los periodistas independientes fueron los arrestos domiciliarios con 45 eventos, las citaciones oficiales (20), las supresiones del servicio de internet (16) y las detenciones arbitrarias con 14 hechos de este tipo, refiere el informe.
En tanto, contra los activistas los atropellos que tuvieron mayor frecuencia fueron las detenciones arbitrarias con 40 eventos, 10 privaciones de la libertad de personas por los hechos vinculados al 11J de 2021, 10 arrestos domiciliarios, ocho regulaciones migratorias y cuatro personas que aseguraron haber sido torturadas.
Article 19 considera que estas agresiones suponen “una continuación de la estrategia de desmovilización y amedrentamiento contra quienes llevan a cabo coberturas sobre la cotidianidad en Cuba y como una continuidad de los efectos de las protestas del 11J de 2021.”
De esta manera, los arrestos domiciliarios, en el caso de periodistas, se mantienen como una herramienta fundamental de control, mientras que las citaciones son tipificadas como un recurso de advertencia, durante el que se amenaza con comenzar procesos legales.
Las restricciones al acceso a internet han aumentado como una manera de dificultar la labor informativa al interior del país, mientras que las detenciones arbitrarias han sido un elemento en declive debido a la reacción que suscita en espacios críticos al régimen cubano.
Desde un punto de vista geográfico, el 71 % de los ataques contra periodistas se concentraron en La Habana, el 29 % restante se distribuyó entre otras nueve provincias.
En el caso de los activistas, el 67 % de las agresiones se concentra en La Habana, luego un 21 % de los ataques Villa Clara y el 3 % restante se reparte entre siete localidades diferentes.
Recién también la organización Cubalex condenó las amenazas y coacciones de la Seguridad del Estado contra periodistas cubanos independientes, obligándolos en los últimos tiempos a abandonar sus puestos de trabajo.
Cubalex destacó que las renuncias no son espontáneas y en todas se observa un patrón en el que prevalecen frases como: “Bajo presiones y chantajes nos hemos visto forzados a cesar nuestro proyecto”; “me voy porque otros me obligan”; “no se me permitirá salir del país hasta cumplir ciertas condiciones exigidas por la Seguridad del Estado”.
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