Un total de 23 organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros del Parlamento Europeo suscribieron un comunicado donde expresan su "plena solidaridad" con los manifestantes del 11 de julio de 2021 encarcelados en Cuba y la "Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J", creada por los familiares del prisionero Andy García Lorenzo en Villa Clara.
La ONG Prisoners Defenders detalló que al apoyo de este joven y dicha red se han sumado los europarlamentarios Dita Charanzová (vicepresidenta del Parlamento Europeo), Nicolae Ștefănuță (vicepresidente de D-US en el Parlamento Europeo), Soraya Rodríguez (presidenta de DPAP y miembro de DLAT en el Parlamento Europeo), Javier Nart (vicepresidente de DCAM en el Parlamento Europeo), Leopoldo López Gil (Vicepresidente de D-CL y miembro de AFET, DROI y DLAT en el Parlamento Europeo, Partido Popular Europeo) y José Ramón Bauzá (Miembro del Parlamento Europeo).
Entre las organizaciones están Freedom House (Estados Unidos), Robert F. Kennedy Human Rights (Estados Unidos), Civil Rights Defenders (Suecia), People in Need (República Checa), Prisoners Defenders (España), Artículo 19 (México) y el Movimiento San Isidro (Cuba).
El documento destaca que "Ayuda a los Valientes del #11J" es "la única red formada íntegramente por familiares de presos de conciencia del 11 de julio en Cuba y cuyo fin es aliviar la situación precaria que viven todos estos presos de conciencia y sus familias".
Además, reconoce "al joven que inspiró esta iniciativa solidaria, el preso de conciencia Andy Dunier García Lorenzo, que sufre una fuerte represión en prisión".
Muchas de las familias beneficiadas por ese proyecto "están formadas por menores que están sufriendo la pérdida de uno o dos de sus progenitores y, además, la expulsión de su trabajo de otros de sus miembros por parte del gobierno de Cuba con el propósito de que el castigo inhumano sobre estas familias sea aún mayor del que ya es tener en prisión, de forma completamente arbitraria y ajena a cualquier legalidad internacional, a uno de sus miembros en condiciones de tortura y completo desamparo legal", subraya la declaración.
A través de este comunicado las ONGs y los europarlamentarios exhortaron al régimen de La Habana a brindar soporte al proyecto humanitario encargado de gestionar alimentos, medicinas e insumos médicos a los presos de conciencia y sus familiares, y exigieron "el inmediato cese de la persecución contra sus integrantes".
Aunque la red, con sede en Santa Clara, pretende contribuir a mejorar mínimamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba, y asistir a sus familiares, el régimen en la isla ha incrementado la persecución contra sus miembros.
"La Seguridad del Estado amenaza a la familia (de García Lorenzo) con ser procesada por el delito previsto en el artículo 143 del nuevo Código Penal una vez que entre en vigor en el mes de diciembre venidero. Dicho artículo prevé pena de prisión de cuatro a diez años para quien “...apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional…”", destaca la declaración.
"Más allá de las graves críticas que pueda merecer este artículo, pues es fácil prever una utilización arbitraria y violatoria de los más básicos principios de libertad de asociación, y de toda actividad que cuestione al régimen, en este caso resulta a todas luces indiscutible que la actividad que lleva adelante la Red, es estrictamente de carácter humanitario, supliendo incluso obligaciones de asistencia que le competen al propio Estado cubano", subraya.
Los firmantes reiteraron su "plena solidaridad con los miembros de la Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J" y solicitaron a las misiones diplomáticas de países democráticos en Cuba que apoyen esta y otras iniciativas de carácter humanitario.
"Llamamos al Sistema Universal de protección de Derechos Humanos, y muy particularmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a atender seriamente la situación que aquí denunciamos y en general de la situación de persecución a los y las activistas de derechos humanos de Cuba", concluyeron.
En tan solo nueve meses la red, haciendo uso de las vías licitas y los canales permitidos por el régimen de la isla, ha gestionado y distribuido un total de $ 1,628,106.00 pesos cubanos, y “al menos un cuarto de tonelada de medicamentos e insumos médicos, logrando un impacto real, palpable, auditable y positivo en todas las más de 110 familias a las que ha podido ayudar hasta la fecha", dijo Prisoners Defenders.
En declaraciones a CiberCuba su coordinador, Pedro López, suegro de la hermana de Andy, destacó sobre el comunicado la importancia de que diferentes sensibilidades del Parlamento Europeo se hayan pronunciado a favor de la red y de todas las iniciativas de la sociedad civil cubana para paliar la crisis en la isla.
Asimismo calificó de precaria la situación de García Lorenzo, quien fue revocado de un régimen de trabajo forzado y encarcelado hace algunas semanas.
“No sabemos nada de él, está enfermo, la situación de la hipercalcemia (que padece) ha empeorado porque no tiene su dieta y está en crisis, necesita medicamentos que no se los están suministrando, y no sabemos nada, no sabemos si está en la prisión del Pre (en Santa Clara), o si lo trasladaron”, detalló el activista, quien afirmó que la familia tiene prevista una visita a la cárcel para el próximo 28 de septiembre.
De acuerdo a Prisoners Defenders, el Estado cubano mantiene privadas de libertad a más de 1.000 personas por motivos políticos, la mayoría de ellas por participar en las protestas del llamado 11J y de estratos humildes de la población que al momento de su encarcelamiento eran el sostén económico principal de sus familias.
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