Estados Unidos considera que las sanciones contra funcionarios cubanos impiden que estos se beneficien de la corrupción y de posibles operaciones de carácter dudoso en el sistema financiero internacional.
Así lo explicó el diplomático Jon Piechowski, consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en España, entrevistado para El Faro de Melilla por la periodista cubana Tania Costa.
“Con un régimen autoritario, no solo hay una falta de libertad política. En muchísimos casos hay corrupción, cuya única manera de sacar provecho es a través de las instituciones financieras internacionales. Estas sanciones [individualizadas] impiden que los corruptos puedan beneficiarse del robo de bienes públicos”, dijo el funcionario del Departamento de Estado.
Las sanciones son una herramienta que cada país tiene y puede utilizar contra gobiernos o contra actores [gubernamentales], explicó el diplomático. En ese sentido, subrayó la importancia que tiene como instrumento de presión y no como fin último en sí.
“Las sanciones no son una meta en sí, sino una herramienta”, explicó Piechowski. “Si vemos casos recientes en Nicaragua y Venezuela, hemos utilizado mucho este tipo de sanción”, añadió.
En Cuba se han empezado a implementar especialmente tras las históricas protestas del 11J, las que los ciudadanos fueron duramente reprimidos por funcionarios del Estado, desde policías hasta jueces, en un engranaje propio de un Estado totalitario que impone su modelo de dominación a través del terror.
“En el caso cubano vemos en los últimos meses -sobre todo desde las reprimidas manifestaciones de julio de 2021- la aplicación de sanciones contra individuos, por sus decisiones y por sus actos. Por reprimir al pueblo cubano, que salía a la calle a exigir sus derechos, para reclamar que quiere un mejor futuro”, señaló.
Además, según Piechowski, las sanciones contra individuos no solo afectan a sus posesiones en Estados Unidos, sino que afectan también a su acceso al sistema financiero, de manera que los beneficios de la corrupción quedan más aislados de fuentes legítimas de capital.
“Creo que trabajando de conjunto las democracias podemos aumentar la presión para lograr que haya una restauración de la democracia en Venezuela, por ejemplo, a través de elecciones libres y justas; y una mejor situación política en Cuba, en Nicaragua y en todos los países donde un pueblo sufre”, concluyó el consejero de Diplomacia Pública.
A finales de julio de 2021, el gobierno de Estados Unidos declaró que sancionaría a los funcionarios cubanos responsabilizados con la represión y las violaciones de derechos humanos contra los manifestantes pacíficos.
“El Departamento del Tesoro continuará evaluando a "los funcionarios cubanos designados como responsables de la violencia, la represión y la violación de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Cuba a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
“Por indicaciones del presidente, estamos buscando tomar medidas para apoyar al pueblo cubano y responsabilizar al régimen”, afirmó la portavoz subrayando la implicación del propio Joe Biden en la medida.
Se trató de la primera medida de acción directa contra la jerarquía política y los funcionarios cubanos elaborada por la administración Biden tras el estallido social y la respuesta represiva del régimen, que dejó cientos de detenidos, desaparecidos y un muerto oficialmente reconocido.
“También estamos tratando de aprovechar organismos internacionales para aumentar los flujos de asistencia humanitaria a Cuba, y trabajar con nuestros aliados internacionales para ayudar tanto a expresar la preocupación y ejercer presión pública”, agregó Psaki.
Pasado un año del estallido, Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado a 28 funcionarios cubanos, entre ellos altos cargos del Partido Comunista que participaron en la represión, así como a trabajadores de los medios de comunicación estatales que restringieron el acceso a la información.
“En lugar de garantizar la seguridad del pueblo cubano y el respeto de sus libertades de expresión y reunión pacífica, estos funcionarios permitieron o facilitaron detenciones violentas e injustas, juicios falsos y penas de prisión durante décadas para cientos de manifestantes”, dijo el Departamento de Estado a través de un comunicado.
Las sanciones se corresponden con la Proclamación Presidencial 5377, que suspendió la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba, y tiene como fin responsabilizar a aquellos que vulneran la democracia y los derechos humanos en la isla.
Poco después de las protestas del 11J, el Departamento de Estado anunció una medida similar contra el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, General Álvaro López Miera, y la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT), sustentada en la Ley Magnitsky contra violadores de derechos humanos.
También se sancionó a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y sus principales jefes, congelando sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de visados para viajar a Estados Unidos. Asimismo, cinco funcionarios relacionados con juicios y sentencias injustas y encarcelamiento a manifestantes del 11J también fueron sancionados.
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