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La Ley 151/2022, Código Penal cubano, entró en vigor este jueves y con él todo el mecanismo jurídico para continuar la represión contra los ciudadanos.
El documento se aprobó en mayo, durante una sesión de a Asamblea Nacional del Poder Popular, e incluyó 37 nuevos delitos, como el de desórdenes públicos.
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"Nada quiere el gobierno que escape de su supervisión. Nada han dejado sin regular y criminalizar", advirtió la organización independiente Cubalex, una de las plataformas de la sociedad civil que ha denunciado reiteradamente la nueva ley.
La organización, con sede en Estados Unidos, recordó que el Código constituye una preocupación para todos los ciudadanos, por diferentes motivos:
- Tipifica conductas penales, ambiguas, amplias y discrecionales
- Hay alrededor de 32 delitos que amenazan la libertad de expresión
- El uso del ciberespacio como agravante de la responsabilidad penal
- El delito de hacer periodismo independiente
- Se mantiene la pena de muerte
- El uso de las medidas de seguridad terapéuticas
- La responsabilidad penal es a partir de los 16 años
- No reconocimiento del feminicidio
- Criminalizan la difusión de señales satelitales, televisivas, radiales o similares
- Permiten la vigilancia electrónica
- Monopolio de la acción penal en conductas electorales
Por su parte, el jurista cubano Fernando Almeyda compartió en su perfil de Facebook un análisis del Código, en el que destacó cómo el gobierno lo que ha hecho es legalizar todas las arbitrariedades que hasta ahora había cometido.
"¿Para qué necesita las leyes un Estado que no se rige por las leyes sino por la violencia? primero como escudo internacional y segundo como declaración", escribió.
Si bien la nueva ley eliminó algunos conceptos como la peligrosidad predelictiva e incluyó determinadas protecciones en asuntos como la violencia intrafamiliar y de género, Almeyda califica esto de "maquillajes para quedar bien con algún sector".
"El Ministerio del Interior, la Fiscalía y los Tribunales nunca han necesitado de normas para habilitarlos a hacer lo que hacen. Cuando quieren meter a alguien preso por motivos políticos, o le fabricaban un delito, o le imponían alguna de las figuras que más le gustara, no importa cuan absurda fuera. Ahora es más cómodo y más evidente, pues tienen figuras penales por las cuales poder procesar sin tener que ser muy creativos, pero no se engañen, no les hacen falta para procesar, pero sí para amenazar", enfatizó.
En los meses previos a la entrada en vigor de la Ley 151/2022, las autoridades cubanas advirtieron de sancionar a personas que realizan activismo o cualquier acción que se considere contraria al régimen comunista.
El vicefiscal general, Marcos Caraballo de la Rosa, amenazó a quienes grabaron los videos de las protestas pacíficas de los últimos meses, considerándolo "un elemento probatorio" para iniciar un proceso penal contra los manifestantes.
"Cualquier medio que nos permita probar la ocurrencia del delito y las circunstancias en que esos hechos acaecieron y la responsabilidad o no de las personas, es legítimo para probar en derecho penal", advirtió el funcionario.
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