El gobierno de Joe Biden advirtió que procederá a repatriar de manera expedita a las personas sin motivos legales para ingresar por la frontera y permanecer en Estados Unidos una vez que expire la autoridad federal de salud pública, conocida como Título 42, la próxima semana.
En una declaración emitida la noche del martes, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, adelantó la estrategia de la administración Biden ante la inminente suspensión del Título 42, vigente hasta el 20 de diciembre, lo que avecina una avalancha de inmigrantes irregulares por la frontera sur.
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“El DHS procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos de viaje adecuados usando las facultades que posee desde hace tiempo al amparo del Título 8 [Ley de Inmigración], que prevén consecuencias significativas, incluida la prohibición de reingreso por cinco años de las personas que sean expulsadas”, dijo Mayorkas en el comunicado. “Estas consecuencias incluyen asignar a personas a procesos de expulsión acelerada, que permiten al DHS repatriar en forma rápida a quienes no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos”.
Hasta esa fecha, las autoridades fronterizas continuarán aplicando la orden de salud pública vigente y seguirá expulsando a personas adultas solas y familias que sean interceptadas en la frontera.
La advertencia del DHS se produce en medio de serias preocupaciones y debates en las esferas gubernamentales sobre el impacto de la decisión de cesar el Título 42, pues se pronostica un aumento en los cruces fronterizos ante la imposibilidad de los agentes migratorios de expulsarlos rápidamente como venía haciéndose desde marzo de 2020.
El Título 42 se invocó al comienzo de la pandemia por el presidente Donald Trump y desde entonces ha permitido la expulsión del país de 2.4 millones de personas. De ellos, 16,995 fueron cubanos, según los registros oficiales hasta el pasado octubre.
La administración Biden tiene sobre la mesa un plan de emergencia para enfrentar las secuelas de la suspensión del Título 42 y una de las propuestas no oficialmente difundidas aun implica a los inmigrantes cubanos.
De acuerdo con versiones de funcionarios no identificados y documentos consultados por medios estadounidenses, Washington está considerando limitar las solicitudes de asilo y modificar el tratamiento de inmigrantes cubanos que intenten ingresar por la frontera sur mediante un programa de acceso legal con parole.
El proyecto busca extender el beneficio de entrada a cubanos, haitianos y nicaragüenses mediante el programa especial implementado para los venezolanos el pasado octubre. Las personas aprobadas en este proceso serían autorizados a viajar a Estados Unidos por vía aérea directamente, sin necesidad de cruzar por la frontera con México.
Para los venezolanos se estableció una cuota de 24,000 plazas anuales, por vía de reclamación de patrocinadores familiares en Estados Unidos. Se calcula que el estimado sea equivalente para Cuba, Nicaragua y Haití.
“El propósito de este proyecto es detener el flujo ilegal por la frontera”, dijo a CiberCuba un funcionario gubernamental que habló bajo condición de anonimato. “No es un plan definitivo aún”.
La fuente no precisó la cantidad estimada de cupos por nacionalidades anualmente y dijo que “es un elemento en evaluación”.
Para el abogado de inmigración Willy Allen, el plan de la administración Biden para controlar la llegada de cubanos por la frontera mexicana es insuficiente.
“La frontera está fuera de control y este proyecto es apenas una curita para una herida agravada”, dijo Allen. “En el caso de los cubanos, ¿cuántos paroles van a entregar para tratar de limitar un flujo que en los últimos dos meses sumó 58 mil personas entrando por México?”.
El abogado considera que la anulación del Título 42 va a provocar una crisis de grandes dimensiones en la frontera, pero no tendrá un impacto significativo para los inmigrantes cubanos.
“Sí se harán más difíciles las entradas irregulares, pero esta situación es insostenible para Estados Unidos y para cualquier país”, afirmó Allen.
La estrategia del DHS alertó también que los contrabandistas difundirán información incorrecta sobre el Título 42 para aprovecharse de los migrantes vulnerables.
“Quisiera ser claro sobre esto: con o sin Título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas”, advirtió Mayorkas.
Por lo pronto, las alertas están puestas sobre el camino, a una semana de quedar descontinuada la orden de salud pública.
Varios congresistas, como los senadores Marco Rubio (Florida) y Joe Manchin (West Virginia) han hecho ingentes llamados para mantener en pie el Título 42, cuya derogación correspondió al juez federal Emmet G. Sullivan, del tribunal del Distrito de Columbia.
Manchin anunció que está trabajando con la bancada republicana en el Senado para impulsar una propuesta legislativa que permita extender el Título 42 hasta febrero de 2025 para paliar las consecuencias de una crisis migratoria a gran escala.
Las gestiones han movilizado al liderazgo demócrata para asegurar que el plan del DHS pueda ser efectivo.
“Pese a nuestros esfuerzos, nuestro sistema de inmigración desfasado se encuentra bajo presión, tanto a nivel federal como para los socios estatales, locales, comunitarios y de las ONG. Ante la falta de medidas legislativas para reformar los sistemas de inmigración y asilo, un aumento sustancial en las interceptaciones de migrantes implicará exigir incluso más a nuestro sistema. Responder a este desafío llevará tiempo y más recursos, y para esta tarea necesitamos la colaboración del Congreso, funcionarios estatales y locales, las ONG y las comunidades”, indicó Mayorkas en el comunicado,
El funcionario añadió que “una solución genuina solamente podrá ser propiciada por leyes que incorporen una reforma largamente postergada y muy necesaria a un sistema fundamentalmente fracturado”.
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