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El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia emitió una segunda orden de expulsión contra el activista cubano Madgiel Jorge Castro, tras reconocer que la redacción de la primera no se ajustaba al orden jurídico e incurría en una violación de sus derechos fundamentales.
"El gobierno boliviano, tras suspender la primera orden de expulsión en mi contra por, entre otras cosas, sustentarse en un artículo que no existe en la Ley Migratoria, decide emitir una segunda orden de expulsión en fecha 29 de diciembre con prohibición de entrada por tres años", señaló el activista en Twitter.
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Tras reconocer errores en la redacción y fundamentación jurídica de su primera orden, el gobierno boliviano procedió a decretar una segunda orden de expulsión contra Castro. El también miembro del equipo de CiberCuba denunció en una directa la subordinación de las instituciones bolivianas al régimen represivo cubano y reconoció haber abandonado el país en el que residía desde octubre de 2021 y donde peligraba su seguridad.
Mediante un escrito de la Dirección General de Migración, las autoridades bolivianas respondieron el 22 de diciembre al recurso de revocatoria interpuesto por el activista cubano contra la orden de expulsión decretada a mediados de diciembre (Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria DGM-UJ-2208/2022).
En la segunda notificación recibida por el activista cubano por la democracia y los derechos humanos, se le vuelve a informar que tiene un plazo de tres días hábiles para presentar nuevo Recurso Revocatorio, y que, en caso de no hacerlo, se procederá a su expulsión obligatoria en un plazo de 15 días.
“Se notifica al Sr. Magdiel Jorge Castro, de nacionalidad cubana, que es sujeto a salida obligatoria en el marco de lo establecido en la Resolución Administrativa de Salida Obligatoria Nro. SCD-589/22, otorgando a su persona el plazo de tres días hábiles determinado en el parágrafo I del artículo 32 del Decreto Supremo Nro. 1923, para presentar el correspondiente Recurso Revocatorio, de no presentar dicho recurso en el plazo señalado, la Dirección General de Migración procederá a ejecutar la salida obligatoria”, indica la notificación fechada el jueves 29 de diciembre de 2022.
Anterior a esta nueva orden de expulsión, las autoridades del país andino reconocían errores formales y de fondo en la primera Resolución de Expulsión, al motivar la decisión por la presunta infracción del activista de los dispuesto en el numeral 8 del parágrafo I del Artículo 38 de la Ley Nº 370 de Migración (del 8 de mayo de 2013).
Las autoridades bolivianas dan la razón al recurso interpuesto por el activista cubano y reconocen que en la citada Ley “no existe el numeral 8” y que esta “falla en la determinación de la norma presuntamente conculcada por el señor Magdiel Jorge Castro (…) habría vulnerado el derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, llevando a que el recurrente se encuentre en indefensión”.
Este error en la orden inicial, reconocieron, infringe lo dispuesto en el inciso C del Artículo 4 de la Ley N° 2341, “que establece que la Administración Pública debe someter sus actos a la ley, asegurando al administrado el debido proceso”, entre otras normas de carácter superior como el Decreto Supremo N° 27113 o la propia Constitución Política del Estado.
“En este sentido, corresponde la aplicación supletoria del inciso c) del parágrafo I del Artículo 35 de la Ley N° 2341, que dispone que son nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, indica la Resolución al Recurso de Revocatoria interpuesto por Castro.
En virtud de ello, corresponde la “aplicación del Artículo 52 del Decreto Supremo N° 27113 y se debe aceptar el recurso disponiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, emitiendo una nueva Resolución de Salida Obligatoria que contenga una correcta motivación y fundamentación sobre la salida obligatoria del señor Magdiel Jorge Castro”.
Una semana después de fallar en favor del recurso interpuesto por el activista cubano, el gobierno de Bolivia le notifica una nueva orden de expulsión, la “Resolución Administrativa de Salida Obligatoria Nro. SCD-589/22”, en la que insiste (al igual que la anterior, SCD-562/22) que el activista cubano “habría infringido la normativa boliviana, alterando el orden público mediante redes sociales”, por la publicación de ocho tuits (de más de 21,000), en los que Castro habría expresado opiniones sobre la realidad política de su país de residencia.
Considerada por Amnistía Internacional como un “nefasto precedente en la región”, criticada por la sociedad civil independiente cubana y boliviana, y activistas de diversas nacionalidades, la voluntad de expulsar a Castro constituye una evidencia de la influencia del régimen cubano sobre el gobierno de su aliado, Luis Alberto Arce.
“Es bochornoso con las instituciones públicas de este país y con la democracia boliviana que se utilice un espacio como la Oficina Nacional de Migración para que el gobierno cubano coarte la libertad de expresión de sus ciudadanos en el exterior a través de expulsiones políticas”, declaró Castro tras su primera notificación.
“En Bolivia no va a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”, expresó tajante el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, tras hacerse pública la primera orden de expulsión. "El Estado boliviano ha sido hasta benevolente con solamente expulsarlo. Tendrían que activarse otros mecanismos, incluso de investigación", indicó por su parte Juan José Jáuregui Ururi, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral del parlamento boliviano.
A mediados de septiembre, los gobiernos de Cuba y Bolivia celebraron en La Habana la II Ronda de Conversaciones sobre Temas Migratorios entre ambos países y expresaron su voluntad de “fortalecer mecanismos operativos e integrales de colaboración bilateral en el ámbito migratorio, consular y de enfrentamiento a fenómenos como la trata de personas y el tráfico de migrantes, así como garantizar un flujo de viajeros regular, ordenado y seguro”.
El gobierno de Arce es un aliado político de La Habana y continúa el camino trazado por el expresidente Evo Morales desde la llegada al poder del Movimiento al Socialismo en el país andino.
En fechas recientes, el mandatario boliviano estuvo en La Habana para asistir a la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ocasión en la que se reunió con el gobernante designado cubano Miguel Díaz-Canel.
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