El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) contabilizó más de un millar de actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba en 2022.
En un comunicado de prensa ese organismo denunció que en total se notificaron 1,030 acciones de las autoridades contra las libertades religiosas en el país, durante el año recién finalizado.
Entre ellas, estuvo el impedimento a activistas y opositores de asistir a misa, hostigamiento y citaciones policiales a líderes religiosos, exilio forzoso y la negación de asistencia religiosa a personas en prisión.
"No se trata exclusivamente del hostigamiento a líderes religiosos en el ejercicio de su ministerio, sino de una negación de la libertad religiosa en su sentido más amplio y profundo, que es el derecho a actuar en los diversos espacios públicos, especialmente el social, en coherencia con los valores que uno profesa", explicó Eduardo Mesa Valdés, presidente del OCDH.
Agregó que en Cuba "también se violan elementos como la libertad de culto cuando se impide que una Dama de Blanco asista a misa o se dificulta la labor social de los pastores", denunció.
El informe señala que las mujeres miembros de ese movimiento opositor se vieron desde enero impedidas de asistir a misas y cultos religiosos, y algunas de ellas, como Berta Soler, fueron sometidas casi cada domingo a detenciones arbitrarias por las fuerzas represivas del régimen cubano.
"Es una clara violación a la libertad de culto", señala Mesa Valdés, quien afirma que a 141 de estos casos también les fueron aplicadas multas.
El OCDH documentó, además, citaciones e interrogatorios en dependencias oficiales, como es el caso del laico católico Dagoberto Valdés, exmiembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz y director del Centro de Estudios Convivencia Cuba. Este fue citado el 9 de marzo, el 30 mayo y el 9 de diciembre de 2022.
Yoandy Izquierdo, Javier Valdés Delgado y Dagoberto Valdés Delgado, miembros de Convivencia, fueron asimismo sometidos a citaciones e interrogatorios.
OCDH menciona el caso del sacerdote católico Kenny Fernández Delgado, párroco de la Iglesia de Madruga, provincia de Mayabeque, quien durante casi todo el año fue hostigado, citado e interrogado por la policía política. La Iglesia fue vandalizada y él recibió varias advertencias de las autoridades por sus publicaciones en redes sociales.
Además, se le prohibió repartir fuera del templo el mensaje de los Obispos Católicos de Cuba sobre el nuevo Código de las Familias, aprobado a mediados de año.
Otras violaciones afectaron al matrimonio de laicos católicos camagüeyanos integrado por Amable Casas Pacheco y Manelyn Morales Lazo, y a los pastores Enrique Fundora y Alain Toledano, este último forzado al exilio.
Entre muchos casos está el del activista y musulmán Abu Duyanah (Niovel Alexander Tamayo), presidente de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, quien denunció en el año frecuentes restricciones de sus comunicaciones y el régimen le aplicó una regulación que le impide salir del país.
El gobierno cubano condenó al pastor santiaguero Lorenzo Rosales a siete años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio.
Otro líder religioso preso por motivos políticos es el sacerdote yoruba Loreto Hernández García, quien padece diabetes e hipertensión, sin embargo, las autoridades de la cárcel de Guamajal, en Villa Clara, no le proporcionan los medicamentos ni la atención médica que necesita.
A los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, prisioneros políticos del 11J, por su parte, se les ha negado la asistencia religiosa.
En junio de 2022, una encuesta sobre libertad religiosa realizada por OCDH reveló que el 67% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe.
Asimismo, un informe de la Comisión de Libertad Religiosa de Estados Unidos (USCIRF) determinó que la Constitución cubana incumple con las garantías necesarias para la libertad religiosa, pues remueve, en comparación con la Carta Magna anterior, la capacidad de las instituciones religiosas de ser reguladas por ley.
Para este estudio encuestaron a 56 líderes religiosos cubanos, y 21 de ellos afirmaron que sufren actos de represión mensualmente o incluso semanales que incluyen amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio.
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