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Manifestantes enfrentaron con gritos de "asesinos" a la delegación cubana que asiste en Londres al juicio por los incumplimientos de pago del gobierno y el Banco Central de Cuba.
Mientras el periodista Nelson Rubio, de Americano Media, intentaba obtener una declaración de los representantes del gobierno cubano que asistieron al juicio, un coro de manifestantes protagonizó el acto de rechazo a la parte acusada.
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Ningún vocero cubano ofreció declaraciones al salir del juzgado, en el segundo día de sesiones de un proceso legal que intenta demostrar que el fondo de capital riesgo británico CRF I Limited es el acreedor de la deuda de 74,5 millones de dólares que tiene Cuba.
"No quieren responderle al pueblo cubano. Eso es cobardía, no lo están haciendo. Se han negado a hablar con los medios de comunicación en estos momentos", dijo Rubio a través de un video que se divulgó en redes sociales.
Otro reporte compartió detalles de la concentración de personas afines al régimen de La Habana en los alrededores de las Reales Cortes de Justicia de Londres, donde se desarrolla el juicio.
Con pancartas en contra del embargo y gritos de apoyo al socialismo cubano, los manifestantes recibieron también la respuesta de exiliados que se desplazaron hasta Londres, provenientes de varias ciudades del mundo, para denunciar al Partido Comunista y criticar la dictadura.
El vocero oficialista Humberto López, a través de su cuenta en Facebook, compartió una información de Granma en la que defendió el punto de vista del gobierno cubano, acusando a CRF I de ser un fondo buitre y negando que este sea acreedor de la deuda cubana.
Las concentraciones de los cubanos frente a las Reales Cortes de Justicia de Londres han tenido lugar desde el inicio de la semana, justo cuando comenzó el pleito legal, que se extenderá hasta los primeros días de febrero.
Antes de que comenzara el juicio, el gobierno cubano basó su defensa en que las cesiones de la deuda se lograron mediante sobornos a funcionarios del Banco Nacional de Cuba, argumento que no fue suficiente para detener un proceso, que comenzó en febrero de 2018.
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