Ocho multas por un monto de 39 mil pesos fueron aplicadas a carretilleros por las autoridades de Cienfuegos.
Las sanciones fueron aplicadas como parte de “una serie de operaciones para combatir el delito y las ilegalidades en el centro sur de Cuba”, que, según asegura la Agencia Cuba de Noticas (ACN), se toman “en respuesta a los reclamos de la población por el alza de los precios de bienes y servicios”.
Los infractores son trabajadores por cuenta propia (TCP), quienes alteran los precios de viandas, frutas y hortalizas, topados, explica Liz Caridad Guerrero Soria, inspectora de la Dirección de Inspección y Supervisión (DIS), quien, en la línea gubernamental, culpa a los pequeños vendedores del alza de los precios y la escasez sistémica en la isla.
Según la funcionaria, el boniato, que está concertado a seis pesos la libra de acuerdo con las normas estatales, los carretilleros multados lo expenden a 40, mientras que el tomate, cuyo valor es de 25 pesos, lo comercializan a 80.
Guerrero Soria explica que los carretilleros están autorizados por el gobierno a subir los precios hasta un 30 por ciento, porque acercan los alimentos a las comunidades, pero cobran mucho más de lo aprobado.
De esta manera, cada multa a los vendedores osciló entre los 8,000 y 10,000 pesos.
Asimismo, muchas de las multas estuvieron relacionadas con “el ejercicio de la actividad particular de manera ilegal”, agregó la funcionaria.
La mayoría de las multas ocurrieron en la zona de Caonao, la avenida 5 de Septiembre y Reina, “donde con anterioridad aplicaron multas, pero seguían las violaciones”.
En algunos casos, las autoridades decidieron el decomiso de los medios utilizados, la venta forzosa de viandas, frutas y hortalizas, así como el retiro de la licencia de trabajador por cuenta propia.
Florentino Pérez Valladares, jefe del Grupo de Supervisión provincial, advirtió que “la estrategia a seguir en el futuro incluye la visita a los demás municipios, donde también conformaron grupos de enfrentamiento, porque urge actuar con mayor rigor en aras de desterrar las ilegalidades y la corrupción”.
También, dejó entrever que, en muchos casos, la población toma partidos por los vendedores porque, en su opinión “no conocen las leyes y piensan que intervenimos para evitar su acceso a los alimentos”.
El gobierno cubano criminaliza habitualmente a los pequeños vendedores y los sanciona como chivos expiatorios de los altos precios y la corrupción estructural.
Una semanas atrás, la Dirección de Inspección de Pinar del Río aplicó multas y sanciones en la panadería La Malta de esa ciudad, luego de que detectara panes con menos gramos que lo reglamentado.
A finales de diciembre pasado trascendió que a más de 15 millones de pesos ascendió el monto de las multas aplicadas a cuentapropistas de la provincia de Sancti Spíritus durante 2022.
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