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La justicia española archivó otra vez la demanda contra la cadena hotelera Meliá por explotar hoteles en Cuba, según reportes de la prensa local.
El Juzgado 24 de Primera Instancia de Palma de Mallorca archivó otra vez la demanda de la familia cubana Sánchez Hill contra Meliá Hotels International y el grupo estatal hotelero Gaviota, perteneciente al consorcio militar GAESA, por la explotación de dos hoteles en Cuba, ubicados en terrenos nacionalizados por Fidel Castro después de 1959, informó este miércoles el diario español Expansión.
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Esta es la segunda vez que la familia Sánchez Hill demanda al grupo Meliá y la justicia española archiva la demanda bajo el argumento de “falta de jurisdicción del juzgado”, el mismo dado en mayo de 2021, cuando se desestimó la primera reclamación.
El equipo legal de los reclamantes dijo a CiberCuba que considera apelar el fallo.
"Nuestros abogados se mantienen optimistas en que su petición de recurso de apelación durante los próximos 20 días a la Audiencia Provincial en Palma de Mallorca será exitosa, tal como nos fue la primera vez en marzo de 2020, ya que será juzgada de nuevo por el mismo panel colegiado de tres jueces", dijo el abogado Nick Gutiérrez, integrante del equipo legal de los Sánchez-Hill y secretario corporativo de la firma Central Santa Lucía.
En esa ocasión, la Audiencia Provincial encontró que el Tribunal No. 24 tiene tanto jurisdicción como competencia para adjudicar esta demanda por enriquecimiento ilícito, y no determinó su decisión en si el gobierno cubano y la corporación Gaviota debían intervenir en el caso. A ambas entidades les fueron ofrecidas esa posibilidad a la insistencia de la jueza Crespi, pero optaron no hacerlo por razones de supuesta inmunidad soberana.
"Nuestra posición en este caso sigue siendo de gran interés en círculos jurídicos europeos, por el valor de precedente que representa sobre sus inversiones en Cuba", consideró Gutiérrez.
El tribunal español declaró que hay falta de jurisdicción de su juzgado para conocer la confiscación de los hoteles, ya que fue un acto soberano realizado por Cuba a través de sus propias leyes.
La familia Sánchez Hill, residente en Estados Unidos, está exigiendo desde 2019 una indemnización por la explotación de los hoteles Paradisus Rio de Oro y Sol Rio y Luna Mares por estar ubicados en terrenos que fueron nacionalizados a ellos por las medidas socialistas de Fidel Castro después de 1959.
La jueza de Palma de Mallorca cuando instruyó la primera demanda de la familia de exiliados Sánchez-Hill determinó desestimar la causa al considerar que la demanda debe ir dirigida contra el Estado cubano, responsable del acto originario que se denuncia. Y que, por tanto, al afectar a otro Estado, ningún tribunal español tiene competencias para enjuiciarlo.
Para estas conclusiones, la magistrada se basó en un informe emitido por el Ministerio español de Asuntos Exteriores en abril de 2021, en el que el Gobierno español esgrimió que la "nacionalización de bienes acordada por el Estado cubano en 1960 es un acto iuri imperii". Es decir, una acción soberana que está protegida por la inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otros países.
Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez-Hill reclaman a Meliá una compensación por el aprovechamiento de un terreno de más de 40,000 hectáreas en la provincia de Holguín, donde se alzan dos hoteles de la compañía: el Sol Río de Luna y Mares, y el Paradisus Río de Oro.
Ambos se construyeron en los terrenos de una antigua hacienda azucarera que perteneció a esa familia cubana hasta 1960, cuando el Gobierno de Fidel Castro los nacionalizó.
La cadena española Meliá Hotels International enfrenta desde hace años varias demandas amparadas en la Ley Helms-Burton por comerciar con propiedades incautadas por el gobierno cubano. Sin embargo, esta reclamación de los Sánchez Hill ante el tribunal de Palma de Mallorca no estaba basada en la legislación estadounidense, sino en el Código Civil español.
Meliá, con 38 hoteles en Cuba, fue una de las empresas españolas más afectadas por la activación del Título III de la legislación estadounidense, activado por el presidente estadounidense Donald Trump en 2019, aunque hasta el momento ha conseguido que se archiven la mayoría de las reclamaciones en su contra presentadas en EE.UU.
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