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El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) contabilizó durante 2022 al menos 508 agresiones contra comunicadores residentes en el país.
A través del informe “Balance parcial 2022, hechos violatorios a la libertad de prensa en Cuba”, el ICLEP señaló al Estado comunista de ser el principal agresor contra la libertad de prensa en ese año.
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La organización reportó 208 detenciones arbitrarias sin orden judicial, siendo ese el principal método de control, seguido por 149 restricciones en el espacio digital. Además, se registraron 39 casos de abuso del poder del Estado, 8 agresiones físicas a reporteros y limitaciones a la libertad de movimiento.
El informe también menciona que la criminalización de la prensa está institucionalizada y que la efectividad del terror del régimen ha provocado autocensura y éxodo de comunicadores.
Especial interés mostraron por los periodistas obligados a exiliarse de Cuba, tras recibir presiones de la contrainteligencia por sus publicaciones en periódicos independientes y redes sociales.
“En este último caso, muchos de los comunicadores largamente 'regulados' salieron del país de manera definitiva durante 2022 –subrayó el reporte. El Estado marxista cubano usó las restricciones a la libertad de movimiento, sumado a un constante asedio, como herramienta de presión para el exilio forzoso”.
Yoe Suárez y Esteban Rodríguez son solo dos ejemplos de esta tendencia, en la que el Estado demuestra su poder sobre el individuo y lo obliga a abandonar el país con el objetivo de que deje de ser una voz dentro de la oposición cubana.
Otro punto que marcó el informe del ICLEP es la detención que sufren tres comunicadores independientes, Lázaro Yuri Valle Roca, Yoandi Montiel (El Gato de Cuba) y José Antonio López Piña, todos encarcelados desde 2021 por informar y opinar libremente.
“Las leyes cubanas continuaron cerrando el cerco contra los profesionales de la prensa”, sentenció el informe, que a su vez recordó que en diciembre entró en vigor el nuevo Código Penal, donde se permite a las autoridades sancionar con hasta 10 años de cárcel a quienes practiquen con financiamiento extranjero la libertad de expresión y prensa.
“La criminalización a la libertad de expresión y prensa es un hecho. Está institucionalizada”, advirtió el Informe.
Por último, el documento mencionó que ejercer la comunicación independiente dentro de Cuba es un Vía Crucis a partir de las limitadas oportunidades que brinda el gobierno y las acciones represivas contra aquellos que no colaboran con el sistema político e ideológico.
“Cada día que pasa se hace más difícil ejercer la libertad de expresión y prensa y no solo por la amenaza latente de ser acosado, perseguido, hostigado, multado o encarcelado, sino también por las carencias en todos los órdenes que existe en Cuba”, concluyó.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), es una ONG sin ánimo de lucro fundada en 2012 y con dirección ejecutiva en Cuba. Es la primera y única ONG que ha logrado crear una red de medios de comunicación comunitarios en la isla y hacer un periodismo ciudadano con y para los cubanos, según se lee en su portal web.
El anterior informe, correspondiente a 2021, reveló que durante ese año se cometieron 1,129 violaciones a la prensa, período que coincidió con las protestas pacíficas del 11J y que tuvieron una fuerte represión gubernamental.
Con esos datos la Red Voces del Sur (RVS) concluyó que Cuba es el país de América Latina con más agresiones a la libertad de prensa.
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