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El gobierno cubano salió en defensa de Nicaragua tras la reciente condena en la ONU al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murrillo por crímenes de lesa humanidad, según reportes oficiales.
“Embajador de Cuba, Juan Antonio Quintanilla Román trasladó que con politización, imposición de medidas punitivas y utilización ilegítima de órganos y mecanismos de la ONU para manipular situación interna en Nicaragua, desestabilizar su gobierno y dañar su imagen, no se llegará a ningún resultado”, apuntó este viernes en Twitter la Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
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También en otro mensaje de la sede diplomática en el que se comparte la intervención del embajador Quintanilla Román ante la 52 sesión del Consejo de Derechos Humanos expuso que “si queremos actuar verdaderamente en nombre de los DD. HH. debemos exigir la inmediata eliminación de medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua y otros países en desarrollo. Están bien documentadas sus repercusiones en el pleno disfrute DD. HH. de poblaciones de países afectados”.
Por su parte, el representante cubano en Ginebra compartió un mensaje en Twitter en el que reiteró el apoyo incondicional al régimen de Ortega.
“Nuestro apoyo incondicional al gobierno sandinista y al pueblo de Nicaragua en sus propósitos de justicia, bienestar y emancipación social, es invariable en la 52 sesión del Consejo de Derechos Humanos”, apuntó en Twitter el diplomático cubano.
Este miércoles Naciones Unidas acusó al gobernante Daniel Ortega y a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, por crímenes de lesa humanidad.
“El Gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas”, apuntó este jueves el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en el que se pide a la comunidad internacional que se impongan sanciones a las instituciones o personas involucradas.
La nota sostiene que “los presuntos abusos -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país- no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
También subraya que estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y “constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”.
Según este informe, ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales, de manera conjunta y coordinada, durante las protestas del 18 de abril al 23 de septiembre de 2018.
Asimismo, refiere que el régimen de Ortega obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
Además, aseguran que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional, entre otros miembros de grupos armados progubernamentales, cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
El informe encontró, también, que el régimen nicaragüense ha utilizado la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a sus críticos y que se realizan numerosos arrestos con uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de grupos armados progubernamentales.
Apuntaron que “muchas personas fueron detenidas sin orden judicial y recluidas en régimen de incomunicación”.
La información señala que desde diciembre de 2018, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior, y que la situación sigue empeorando.
El informe destaca, además, que en febrero de 2023 las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, tras acusarlas de ser “traidores a la patria”.
En ese mismo mes, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero, además de imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
En análisis concluye que “el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo a la fecha de este reporte”.
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