Cubana Mavys Álvarez pide un "juicio por la verdad" contra Maradona

La defensa acude al procedimiento judicial argentino, sin efectos penales, que se aplicó a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en ese país.   

Mavys Álvarez Rego © Captura de video de YouTube de Infobae
Mavys Álvarez Rego Foto © Captura de video de YouTube de Infobae

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Este artículo es de hace 1 año

La cubana Mavy Álvarez Rego pidió un “juicio por la verdad” tras no proceder su demanda ante la justicia argentina contra figuras cercanas al futbolista Diego Armando Maradona, con quien tuvo una relación sentimental, según un medio local.

Los abogados Gastón Marano y Marcela Scotti, quienes representan a la cubana, presentaron ante la Cámara en Comodoro Py un pedido de “juicio a la verdad” para esclarecer el caso, apuntó este miércoles el sitio digital Big Bang News.


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Este es un procedimiento judicial sin efectos penales que rara vez se desarrolla en Argentina, al que acude la defensa de Álvarez Rego ante la prescripción de la acción pe penal por su demanda de 2021 por tráfico de personas contra Guillermo Cóppola, Mariano Israelit y Omar Suárez, quienes formaban parte del entorno de Maradona cuando ella tuvo una relación sentimental con el futbolista argentino, mientras se rehabilitaba en Cuba de su adicción a las drogas.

La relación entre el futbolista y Álvarez Rego se produjo en La Habana en los años 90, cuando ella era una adolescente de 16 años.

Los “juicios por la verdad” es un recurso para poder establecer en Argentina un procedimiento judicial, pero sin efectos penales. Surgieron ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Ahora la defensa de la cubana establece esta nueva estrategia, tras la decisión en abril de 2022 de la Cámara Federal de Argentina de poner punto final a la demanda de Álvarez Rego.

El tribunal en esa ocasión firmó el sobreseimiento de la causa contra Guillermo Cóppola, Mariano Israelit y Omar Suárez, quienes formaban parte del entorno de Maradona, y en 2021 fueron acusados por Mavys de tráfico de personas.

La cubana los señaló como responsables de haberla convencido, siendo ella menor de edad, de acompañar al astro del fútbol durante su estancia en el centro de rehabilitación La Pradera, en Cuba. La relación amorosa entre Diego y la adolescente supuso para esta sufrir abusos sexuales, caer en las drogas y ser operada de mamas sin su consentimiento.

Pero según el fallo judicial, los tres jueces de la Sala II de la Cámara Federal entendieron que como no había acusado fiscal y "no insistiendo la querella en la imputación que oportunamente se formulara respecto de los nombrados" se debía disponer el sobreseimiento.

En la denuncia se habló de delitos de "reducción a la servidumbre, trata de personas agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o cohecho, privación ilegal de la libertad, suministro de drogas a un menor de edad, ejercicio Ilegal de la Medicina, lesiones y corrupción de menores".

Esa resolución confirmó, además, la decisión que tomó en marzo de 2022 el juzgado Criminal y Correccional Federal 6, el cual archivó la causa por tres motivos: porque la mayoría de los hechos que ocurrieron en Cuba, otros que sucedieron en Argentina habían prescrito y porque, en última instancia, el principal acusado (Maradona) murió.

En aquel fallo, el juez Daniel Rafecas descartó la trata de personas, al considerar que no hubo hechos que indicaran "un supuesto de explotación" con fines de lucro.

Acerca de los otros delitos (corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, lesiones, abuso sexual agravado o el suministro de estupefacientes), no los desestimó, pero estipuló que "los hechos habrían sido realizados principalmente por Diego Armando Maradona con la participación secundaria del resto de sus colaboradores".

Los querellantes, (la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina y Mavys Álvarez) apelaron aquella decisión, alegando que el paso del tiempo no debe privar al estado de investigar los delitos. "Para la mujer afectada, la verificación de su historia representa una forma de reparación a veces incluso más importante que el castigo de sus agresores", argumentaron.

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