La ocupación ilegal de viviendas en Cuba se disparó a partir de 2022 no solo por el recrudecimiento de la crisis económica que vive el país, sino también por el aumento de la migración.
El notable incremento del fenómeno llevó al gobierno cubano a establecer un marco sancionador que incluye prisión de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas para los que incurran en tales actos, según subrayó la emisora radial CMHW, de Villa Clara, una de las provincias en las que la usurpación de viviendas se incrementó de forma notable en los últimos meses.
Las sanciones establecidas se agravan de acuerdo con otros delitos asociados en cada caso, según precisó en declaraciones al citado medio José Ramón González Guadarrama, abogado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara.
En mayo de 2022 quedó aprobada y regulada en Cuba la usurpación de viviendas como una figura delictiva en el Artículo 421 y 422 del Código Penal.
Sin embargo, el dictamen 471 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, publicado el 2 de marzo de 2023 en la Gaceta Oficial de Cuba detalló las particularidades del delito, y derogó el engorroso procedimiento administrativo que hasta ahora lastraba la agilidad en la solución de esos procesos.
"El primer paso es conminar al individuo ajeno a abandonar el inmueble, si este se niega se realiza la denuncia penal en la estación de Policía, luego se notifica a la Fiscalía, comienza la investigación del proceso y posteriormente se procede al plan de extracción por parte del Ministerio del Interior (MININT)", explicó González.
Yureisy García Cobas, fiscal jefa del municipio cabecera de Villa Clara, precisó que el llamado “plan de extracción” de los ocupantes de la vivienda. lleva asociado una orden de registro y un acta de detención. Los imputados tienen derecho a un abogado.
Una vez que los ocupantes son sacados de la vivienda en cuestión, se presenta, a la Fiscalía en un término de 24 horas, y ese órgano tiene 72 horas para valorar la medida cautelar, que acaba siendo prisión provisional en la mayoría de los casos.
"Posteriormente el Tribunal radica la causa, se realiza el juicio oral con todos los elementos de prueba y se dicta la sentencia correspondiente, contra la cual se establece el recurso de apelación. Cuando ya la sentencia adquiere firmeza (o sea, no es apelable) se procede al desalojo con todos los miembros de la comunidad y las autoridades, y se restituye la legalidad de la vivienda", concluyó la fiscal Yureisy García.
En los últimos años, una cifra significativa de los casos de usurpación de viviendas o locales estatales a lo largo y ancho del país han sido protagonizados por mujeres con niños, carentes de un lugar para vivir.
Los ocupantes ilegales argumentan que no tienen otra opción, pues el gobierno no construye casas ni provee de recursos para hacerlo por cuenta propia.
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