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Cuba prorroga importación de plantas eléctricas hasta diciembre

El Ministerio de Finanzas y Precios extiende el permiso de importación hasta el 31 de diciembre, "ante las contingencias en el sistema energético nacional".

Aduana de Cuba © Aduana de Cuba / Facebook
Aduana de Cuba Foto © Aduana de Cuba / Facebook

Este artículo es de hace 1 año

El gobierno cubano prorrogó la autorización de importación de plantas eléctricas sin carácter comercial hasta el 31 de diciembre de este año.

La Resolución 61 de 2023, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), extiende el permiso, que vencía este viernes 31 de marzo, "tomando en consideración los beneficios que reporta para el sector residencial la adquisición de plantas eléctricas mediante envíos".

Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, basa la medida en "las contingencias en el sistema energético nacional".

La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial No.18, Extraordinaria del 30 de marzo de 2023.

En diciembre, el gobierno cubano extendió la importación de plantas eléctricas sin carácter comercial hasta este viernes 30 de marzo.

La decisión obedeció a la existencia de plantas eléctricas que estaban en almacén o en tránsito desde el exterior y, que pudieran estar arribando al país después del plazo anterior, del 31 de diciembre de 2022.

"Para prever que algunas de las plantas eléctricas adquiridas por la población se despachen en el extranjero antes o durante esta fecha límite, se encuentren en tránsito y arriben con posterioridad al país, se ha decidido otorgar un tratamiento especial y permitir su importación", dispuso la resolución 328 de 2022 del MFP.

A principios de septiembre, el gobierno autorizó la importación sin carácter comercial de plantas eléctricas mayores a 900 vatios, ante el empeoramiento de la crisis energética y el aumento de los apagones.

En aquel entonces el MFP aprobó la entrada al país, de manera temporal, de generadores eléctricos de mayor potencia que permitidos hasta ese momento eran permitidos llevar a la Isla.

Dicha resolución explicaba que se aplicaría "una tarifa arancelaria del treinta por ciento (30%) para el pago del impuesto aduanero al exceso de la carga que corresponde gravar".

En la argumentación, el organismo admitió que las afectaciones al sector residencial aún persistían, debido al déficit de energía que causaba averías en el sistema electroenergético nacional, por lo cual se autorizó la importación de plantas eléctricas de una potencia superior a los 900 vatios, "cuyo valor referencial en Aduana excede el valor máximo de doscientos (200) dólares estadounidenses permitidos a importar por la vía de los envíos aéreos, marítimos, postales y de mensajería sin carácter comercial".

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