Infractores y sancionados de La Habana adeudan 275 millones de pesos en multas impuestas durante el año 2022, según fuentes oficiales.
“No sirve de nada imponer multas, si no se logran cobrar”, indicó la directora de finanzas y precios de La Habana, Grisel de la Nuez en la reunión de balance anual del Ministerio de Finanzas y Precios.
El pasado año, las autoridades de la capital cubana impusieron cerca de 75,000 multas. Según De la Nuez, hasta el momento están pendientes de cobrar un elevado número de estas.
Presidida por la ministra Meisi Bolaños Weiss y con la presencia del primer ministro Manuel Marrero Cruz y el ministro de economía Alejandro Gil Fernández, la reunión se centró en el tema de la política de precios. Según Cubadebate, se llegó a la conclusión de que las mejores herramientas para el control de la inflación en Cuba son “el enfrentamiento y la exigencia”.
Entre las principales insatisfacciones de los habaneros, según sus autoridades, está el tema del control de los precios, tanto mayoristas como minoristas. Para responder a ello, se busca “concertar” (topar) los precios con los productores agrícolas de Mayabeque y Artemisa, “lo que ha permitido tener precios diferenciados en las ferias municipales”.
Además, la directora de finanzas y precios de la capital resaltó la intensiva preparación del cuerpo de inspectores durante el pasado año como una de las vías para contener la inflación mediante la fijación de precios y la persecución de las “ilegalidades”.
A mediados de noviembre, un cubano denunció a la policía de La Habana por agredirlo físicamente y ponerle una multa de cuatro mil CUP tras comprar seis panes en la calle.
El incidente ocurrió cuando los policías que iban a bordo del patrullero 523 detuvieron a Jesús Pérez González y su hijo; le provocaron varias lesiones e impusieron multas de 4,000 pesos a cada uno.
En enero de 2022, las autoridades de La Habana iniciaron una ofensiva con el objetivo de lograr el cobro de más de 160,000 multas acumuladas, equivalentes a unos 230 millones de pesos cubanos.
Natalia Vivanco Rodríguez, jefa del departamento de Multas de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios en la capital, declaraba al diario oficialista Tribuna de La Habana que las multas suponían una cifra muy superior, en comparación con la de años anteriores, y lo achacaba al "grado de impunidad y permisibilidad que muestran todos los territorios".
A finales de octubre, el gobernante Miguel Díaz-Canel llamó a los dirigentes políticos de Cuba a intensificar el enfrentamiento contra las ilegalidades.
"Lo que estamos pidiendo es que desarrollemos un enfrentamiento contra los ilegales, los pillos, lumpen, vagos y contra los corruptos, en favor de nuestro pueblo y en favor de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad", dijo Díaz-Canel en una reunión del Consejo de Ministros.
En criterio del gobernante, los serios problemas de robos e ilegalidades en Cuba se deben en buena medida a que las autoridades no han actuado desde las instituciones, desde el poder que tiene el sistema político cubano.
"No podemos permitir que la lógica de alguien en Cuba, en la construcción socialista, sea querer enriquecerse sin producir, sin trabajar, sin aportar, como intermediario y de manera ilegal", dijo.
A mediados de noviembre, el gobierno de Matanzas había impuesto más de 800 mil pesos en multas a revendedores en su territorio tras realizar varias inspecciones y decomisos. La Dirección de Inspección del gobierno realizó 1,133 acciones de inspección en la provincia y aplicó 482 multas por un importe de 825,100 pesos cubanos.
A finales de ese mes, la Dirección de Inspección Provincial de Holguín había impuesto 22 millones de pesos cubanos en multas a vendedores en ese territorio.
En cumplimiento del "plan de medidas" orientado por el gobierno de la provincia contra las ilegalidades y la subida de precios, los inspectores aplicaron 392 multas por violaciones de precios, equivalentes a más de dos millones pesos cubanos. Sin embargo, la cifra se elevó al sumar las más de 4,000 multas impuestas por esta causa durante 2022, dejando un monto general de 22 millones de pesos.
Otro tanto sucedía en la provincia de Sancti Spíritus, donde el importe total de las multas impuestas en 2022 ascendió a 15 millones 158 mil pesos, luego de realizadas 40,900 inspecciones que generaron 38,700 multas por afectaciones a los consumidores en materia de precios elevados y violaciones de medidas higiénico sanitarias, entre otras.
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