Yanaisa Esperanza Buides García, embarazada y con una niña pequeña, ocupó una antigua bodega estatal en desuso ubicada en el barrio habanero de Santo Suárez, municipio Diez de Octubre.
La joven madre y su hija han estado viviendo en condiciones precarias en un hogar que espera desde hace dos años porque finalicen las obras, por lo que decidió ocupar el local abandonado con la esperanza de encontrar un futuro mejor para ella y su familia.
Aunque Buides García, de 23 años, está embarazada de cuatro meses y no tiene dónde vivir, teme a ser desalojada y pidió ayuda a todas las instituciones estatales y gubernamentales, para tener una propiedad.
“Tengo mucho miedo de que me saquen de aquí porque yo soy una madre sola, con una niña chiquita y estoy embarazada”, dijo.
El director de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, propietario del edificio, le informó que tenía que abandonar el local y que llamaría a la policía si no lo hacía, explicó a la agencia de noticias CubaNet.
La joven madre contó que en su hogar inacabado, no hay condiciones para vivir, y las autoridades no han cumplido su promesa de proporcionarles un lugar para residir mientras se completan las reparaciones en su casa.
Buides García también intentó buscar ayuda en diferentes instituciones estatales, como la Dirección de Trabajo y Seguridad Social y Vivienda, pero nunca ha recibido ninguna asistencia.
La situación de Yanaisa es solo una de muchas en Cuba, donde la falta de vivienda adecuada y la pobreza son problemas crónicos. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la situación, muchos cubanos todavía viven en hogares inadecuados y luchan por sobrevivir en medio de la crisis económica y social del país.
La historia de Yanaisa destaca la necesidad de que se tomen medidas para abordar estos problemas en Cuba. Las autoridades deben trabajar para proporcionar viviendas adecuadas y mejorar la situación económica del país, para que las personas como Yanaisa no se vean obligadas a ocupar edificios abandonados en busca de una mejor vida para ellos y sus familias.
El problema de la vivienda en Cuba obliga en los últimos tiempos a que familias cubanas ocupen locales estatales abandonados, donde tienen el deseo de continuar sus vidas.
Sin embargo, lejos de solucionar el problema, el gobierno desaloja a estas familias y las pone en la calle, sin tener derecho a un techo propio.
Una madre cubana identificada como Luquenia Consuegra fue desalojada a inicios de abril, junto a sus dos hijos, de un local estatal que había ocupado en el municipio Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín. La mujer decidió entrar en ese lugar después de que su vivienda se derrumbara y no hubiera recibido ayuda para reconstruirla.
El gobierno cubano publicó el Dictamen 471 de 2023, que establece nuevas directrices legales para el desalojo de personas que ocupan ilegalmente viviendas o propiedades estatales. Este documento indica cómo proceder en casos de usurpación del artículo 421 del Código Penal y contempla la posibilidad de considerar como agravante del delito la violencia en las personas, la violencia de género o familiar, y la discriminación. La medida se produce en medio de una crisis de vivienda en Cuba y un aumento del fenómeno de ocupación ilegal de propiedades estatales.
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