El gobierno estadounidense finalizó la normativa para prohibir el asilo a los migrantes que intenten ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, ante el levantamiento de las restricciones impuestas por el Título 42, que debe quedar abolido este 11 de mayo.
En un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades sentenciaron que aquellos que no usan vías legales para ingresar a Estados Unidos no son elegibles para el parole y serán devueltos si no establecen un temor razonable de persecución o tortura en el país de expulsión.
La normativa fue establecida en conjunto por el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) y busca "incentivar aún más a las personas a utilizar vías legales, seguras y ordenadas para entrar en los Estados Unidos" y se basa "en los esfuerzos para combinar las vías legales con las consecuencias de no utilizarlas, mediante la imposición de ciertas condiciones limitantes en la elegibilidad de asilo para aquellos que no utilizan esas vías".
Una vez finalizada la Orden de salud pública del Título 42, que permitió la expulsión inmediata de miles de inmigrantes bajo las regulaciones de la pandemia, entrará en vigor la nueva medida que fue presentada en febrero y transitó por un período de comentarios y alegaciones.
La propuesta introdujo una “presunción refutable de inelegibilidad de asilo” que sólo pueden ser consideradas si se basa en circunstancias excepcionalmente apremiantes.
"La presunción no se aplicará a un migrante si ellos, o un miembro de la familia que viaja con ellos, recibió la autorización correspondiente para viajar a los Estados Unidos para solicitar parole; se presentó en un puerto de entrada, siguiendo el tiempo y el lugar programado en la aplicación CBP One; y se estableció que no era posible acceder o utilizar la aplicación CBP One debido a circunstancias específicas y atenuantes, fallo técnico significativo, u otra excepción aplicable; o buscó y se le negó el asilo u otra protección en al menos otro país", refiere el texto.
La regulación retiraría el derecho de acogerse a la protección de refugio a quienes incumplan el procedimiento legal establecido.
"Los menores no acompañados están exentos de esta presunción", agregó el documento.
La normativa de 153 páginas tendría un carácter temporal y se implementaría por dos años a partir de que concluya la aplicación del Título 42, para impedir las solicitudes de asilo a los inmigrantes que crucen la frontera sin haber antes buscado protección en las naciones transitadas durante su viaje hacia Estados Unidos.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, afirmó que siguen instando al Congreso a actuar sobre la propuesta de reforma migratoria del presidente Biden, "la legislación bipartidista para proteger a los Dreamers y los trabajadores agrícolas, y las reiteradas solicitudes de recursos adicionales para contratar más oficiales de asilo y jueces de inmigración".
La semana pasada, el gobierno de México anunció que continuará aceptando devoluciones, por razones humanitarias, de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que sean procesados bajo las autoridades del Título 8 en la frontera.
Las personas expulsadas en virtud del Título 8 están sujetas a una prohibición de admisión de cinco años y a posibles acciones penales en caso de que intenten volver a entrar ilegalmente.
El gobierno estadounidense se ha estado preparando para la abolición del Título 42 que se calcula que produzca una avalancha y congestión en los cruces fronterizos.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció modificaciones importantes que responden a quejas por las limitaciones de acceso a las citas de asilo mediante CBP One, un proceso que comenzó el pasado enero y ha permitido hasta el momento programar unas 74,000 solicitudes para entrevistas de admisión por “miedo creíble”.
Miles de soldados han sido enviados a territorios fronterizos para bloquear el acceso al país a los indocumentados por distintos pasos fronterizos.
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