La organización independiente Justicia 11J reportó la muerte de otro recluso en una prisión de La Habana por falta de atención médica, la tercera que confirman en esas instalaciones en lo que va de año.
En un hilo de Twitter, la organización afirmó que el prisionero de apenas 22 años Carlos López López murió en el Combinado del Este por falta de atención, a pesar de que estaba bajo la custodia del Estado.
"Desconocemos la causa por la que había sido detenido. Según una denuncia desde la prisión, Carlos tenía 22 años y murió el 30 de mayo debido a desatención médica", subrayó la fuente.
La organización ha documentado cinco muertes bajo custodia del Estado durante 2023. De ellas, una en la cárcel El Típico, de Las Tunas, y dos en el Combinado del Este, en La Habana.
Raidel Montalvo se suicidó en el Combinado el pasado 25 de marzo, mientras que Franklin Domínguez se ahorcó a mediados de abril tras una discusión con los guardias de El Típico, quienes le habían negado asistencia médica. El tercer caso es el de López López este 30 de mayo.
Además, Justicia 11J registró las muertes de dos reos -Aiser Roque Rivero y Henry Negrín Bolaños- en "circunstancias no esclarecidas" en las cárceles de Placetas y Caibarién, en la provincia de Villa Clara.
Justicia 11J publicó recientemente una actualización sobre las condiciones de las prisiones y las personas presas en situación marcada de vulnerabilidad en el país.
Este jueves la organización denunció que el manifestante del 11 de julio de 2021 Yosvany Rosell lleva 21 días en huelga de hambre, como única vía para reclamar derechos.
Esa forma de protesta ha cobrado decenas de vidas de presos cubanos en las últimas décadas.
En mayo de 2022 el gobierno cubano reconoció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que al menos 100 reclusos murieron en las cárceles del país en el último año.
La cifra se detalla en un informe presentado a ese organismo, que emitió recomendaciones para detener la muerte de prisioneros, los cuales habrían fallecido, en su mayoría, por enfermedades coronarias. No mencionó ningún caso de muerte por huelga de hambre.
Al respecto, el Comité contra la Tortura instó al régimen a investigar de forma imparcial por un órgano independiente todos los casos de muerte durante la privación de libertad; y cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en estos decesos.
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