La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el gobierno cubano es responsable por la muerte en 2012 del líder disidente Oswaldo Payá y el joven opositor Harold Cepero.
En un informe publicado este lunes, la CIDH identificó indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero.
Asimismo, estableció que Ángel Carromero, el joven político español que conducía el auto donde viajaban los opositores, fue víctima de torturas y de la violación de sus garantías judiciales, se lee en una nota de prensa difundida por la CIDH.
El informe estuvo sustentado en el testimonio de Carromero, quien asegura que fueron impactados por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular
De esta manera, la CIDH estableció que el Estado cubano, quien no presentó argumentos y negó los hechos, violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas.
La institución también resaltó las varias irregularidades y omisiones en la investigación de los hechos, entre ellas la falta de pericia o valoración de declaraciones de las personas sobrevivientes.
Además, destacó el hecho de que las autoridades tomaron una posición oficial inmediata, sin antes haber realizado diligencia de investigación alguna.
También, CIDH argumenta que los familiares de Payá nunca tuvieron acceso a los informes de autopsia, ni al contenido de diligencias realizadas.
En el proceso contra Ángel Carromero por su alegada responsabilidad en el accidente, tampoco se permitió participar, solicitar pruebas, ni apelar a la sentencia, agrega la nota.
“Ángel Carromero fue detenido de manera ilegal y arbitraria, amenazado por autoridades estatales para confesar su supuesta responsabilidad y fue víctima de tortura y tratos inhumanos como golpes, falta de acceso al aire libre, luz solar y una nutrición adecuada. Por ello, la CIDH determinó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal en perjuicio del señor Carromero”, explica la nota.
La CIDH sostiene, por tanto, que la investigación incumplió con las obligaciones estatales de debida diligencia, agotamiento de líneas lógicas de investigación, publicidad de proceso y acceso a la información.
El informe establece asimismo que los derechos de los familiares de Payá también fueron vulnerados.
“A la familia le negaron el desplazamiento para que retiraran el cuerpo sin vida de Payá, y esta tuvo que abandonar el país posteriormente debido a hostigamientos y amenazas por parte del Estado”, afirma la nota.
Por último, la CIDH instó al gobierno cubano a la reparación material e inmaterial de las víctimas y familiares; a iniciar una investigación diligente, efectiva, que dentro de un plazo razonable esclarezca los hechos, identifique responsables, e imponga las sanciones que correspondan.
El informe también pide al régimen cubano que tome medidas para evitar la repetición de los hechos y genere condiciones de retorno voluntario para las personas que fueron forzadas a reconstruir sus proyectos de vida en otros lugares como consecuencia de los sucesos.
El informe ha sido recibido con júbilo por activistas, organizaciones de derechos humanos, políticos y familiares de las víctimas.
“Aquella tarde de julio, al recibir la trágica noticia, mi corazón reconoció de inmediato la verdad que hoy reafirma esta Comisión: los Castro finalmente cumplieron sus amenazas asesinas. Sin embargo, no lograron matar el legado de Oswaldo”, dijo Ofelia Acevedo, viuda de Payá.
“Las lecciones de mi esposo nos obligan a visualizar el futuro con optimismo y darnos cuenta de que poseemos el poder para superar nuestras circunstancias. El camino hacia la liberación ya está trazado para Cuba, el Camino del Pueblo”, agregó.
Por su parte, Rosa María Payá, hija del líder asesinado y coordinadora del proyecto Cubadecide, destacó que el informe “confirma al mundo lo que hemos sabido todo el tiempo: que mi padre, Oswaldo Payá, y Harold Cepero fueron ejecutados por agentes del Estado por orden de los Castro. Ahora estamos un paso más cerca de la justicia, responsabilizando al Régimen cubano por sus actos atroces”.
Los senadores cubanoamericanos Ted Cruz y Robert Menéndez también celebraron la decisión.
Payá fundó en 1988 el Movimiento Cristiano Liberación (MLC) para promover la democracia y las libertades civiles a través de la resistencia pacífica en Cuba.
Una década después, la organización creó el Proyecto Varela, que buscaba avanzar en las reformas democráticas bajo una disposición de la Constitución cubana que permitía al público introducir proyectos de ley.
La familia de Payá siempre ha sostenido que el accidente en el que el opositor y Cepero murieron el 22 de julio 2012 fue provocado por agentes del régimen castrista.
Ambos viajaban en un automóvil que se salió de la carretera. El auto era conducido por Carromero, quien fue condenado a prisión en Cuba por homicidio voluntario, pero está ya en España.
En 2021, las familias de Payá y Cepero habían presentado ante la CIDH su caso, en busca de que el organismo se pronuncie si ambos opositores fueron víctimas de un “asesinato de Estado” por parte del régimen de la isla.
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