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Cinco presos políticos cubanos, condenados por su participación en las protestas populares del 11J en Cárdenas, fueron trasladados desde la prisión de Agüica, en Matanzas, sin que se conozcan las causas.
Yonay Moreu Leal (15 años), Chadrián Villa Seguín,(11 años), y Lázaro García Herbello, (13 años de sentencia), fueron enviados al Combinado Sur; mientras que Daniel Yoel Cárdenas, (15 años), y Erián José Scull Villa, (13 años de cárcel), ahora se encuentran en el penal de Canaleta, en el poblado de Perico, informó Radio Televisión Martí.
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Marbelis Vázquez Hernández, esposa de Daniel Yoel Cárdenas, aseguró que el traslado se realizó el sábado y que aún no ha podido comunicarse con él.
Los familiares desconocen el motivo del traslado y Vázquez Hernández señaló que estos cinco presos políticos fueron los que recibieron las condenas más largas.
Las condiciones en las cárceles donde se encuentran estos manifestantes del 11J se describen como precarias. Vázquez Hernández denunció que su esposo sufre de anemia y que la comida que le proporcionaban era de mala calidad. Además, afirmó que no recibía los medicamentos adecuados para tratar la gota, una enfermedad que padece.
La esposa de Cárdenas también recordó que durante su arresto, ocurrido el 13 de julio de 2021, uno de los miembros de las brigadas especiales del Ministerio del Interior (MININT) le disparó en la parte trasera de la cabeza, causándole una herida. Este abuso policial fue desestimado durante el juicio militar.
Marbelis Vázquez Hernández grabó un video que muestra el momento en que un grupo de boinas negras entra por la fuerza en su vivienda y le disparan a su esposo.
En el juicio, se le negó la oportunidad de presentar testigos a favor de él, mientras que todas las pruebas favorecían a la fiscalía militar, como parte acusatoria en el proceso, que no estuvo exento de críticas y cuestionamientos, incluso desde organizaciones internacionales.
La situación de estos presos políticos cubanos y las condiciones en las cárceles en las que se encuentran han generado preocupación y denuncias por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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