El Gobierno de Estados Unidos recordó este martes las históricas protestas del 11J en Cuba y exigió al régimen castrista la inmediata liberación de todos los presos políticos encarcelados por ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación en aquella vibrante jornada.
“A dos años de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, más de 700 personas siguen encarceladas por ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica. Compartimos el sueño democrático del pueblo cubano y llamamos a la liberación inmediata de todos los presos políticos”, expresó en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.
En julio de 2022, cuando se cumplía el primer aniversario del estallido que sacó a decenas de miles de cubanos por calles y ciudades del país, el secretario Blinken reconoció la “determinación y el coraje” del pueblo cubano.
“A un año de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, Estados Unidos reconoce la determinación y el coraje del pueblo cubano que continúa luchando por el respeto de los derechos humanos y perseverando a través de la represión durante un año histórico”, dijo Blinken en un comunicado.
Este segundo aniversario de las protestas que desenmascararon a la cúpula del poder del régimen totalitario -y dejaron al gobernante Miguel Díaz-Canel en el triste papel histórico de haber llamado al enfrentamiento entre cubanos con su frase de “la orden de combate está dada”-, también fue recordado por el el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.
“Dos años después, el mundo recuerda las valientes protestas del 11J en Cuba. Hoy, más de 700 personas que participaron en esas protestas pacíficas permanecen en las cárceles cubanas, condenadas a décadas de prisión. Continuamos instando a su liberación inmediata e incondicional”, apuntó Nichols en Twitter.
Poco después de las protestas del 11J, el Departamento de Estado anunció restricciones de visado al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, General Álvaro López Miera, y contra la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT), sustentada en la Ley Magnitsky contra violadores de derechos humanos.
También se sancionó a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y sus principales jefes, congelando sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de visados para viajar a Estados Unidos.
Medidas similares se adoptaron al cumplirse el primer año de las protestas, cuando el gobierno de Estados Unidos restringió la entrada en su territorio a 28 funcionarios cubanos, entre ellos altos cargos del Partido Comunista que reprimieron las protestas del 11J y a trabajadores de los medios de comunicación estatales que obstruyeron el acceso a la información.
"En lugar de garantizar la seguridad del pueblo cubano y el respeto de sus libertades de expresión y reunión pacífica, estos funcionarios permitieron o facilitaron detenciones violentas e injustas, juicios falsos y penas de prisión durante décadas para cientos de manifestantes", dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado que no especificó los nombres de los funcionarios sancionados.
Las sanciones se adoptaron en virtud de lo estipulado en la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a EE.UU. de funcionarios y empleados del gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba (PCC), y que tiene como fin responsabilizar a aquellos que vulneran la democracia y los derechos humanos en la isla.
Tan solo 24 horas después del estallido del 11J, y ante las declaraciones de las autoridades cubanas apuntando a Estados Unidos como responsable de las protestas, Blinken consideró que “sería un grave error del régimen cubano interpretar lo que está sucediendo en decenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que haya hecho Estados Unidos”.
“Sería un grave error porque mostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano, un pueblo profundamente, profundamente, profundamente cansado de la represión que se ha prolongado durante demasiado tiempo”, indicó el jefe de la diplomacia estadounidense en una recomendación que, lejos de atender, ignoró y sigue ignorando La Habana.
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