Las tensiones entre el gobernador de Texas, Greg Abbott, y la administración de Joe Biden escalaron otro peldaño cuando el Departamento de Justicia demandó al estado sureño por la permanencia de una barrera flotante desplegada en el Río Bravo para impedir el cruce de inmigrantes desde México hacia Estados Unidos.
La demanda fue interpuesta este lunes tras vencerse el plazo dado a Abbott por el gobierno federal para que retirara la barrera de boyas de aproximadamente 305 metros a lo largo del río, considerando que se trata de una táctica agresiva con implicaciones humanitarias y ambientales.
El documento presentado ante un tribunal federal de Austin indica que la barrera fue instalada de manera ilegal y sin los debidos permisos entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, México.
La barrera de boyas es parte de la llamada Operación Lone Star que por los dos últimos dos años ha enfrentado a Texas con las políticas federales sobre la inmigración, y que incluye otras medidas como alambradas de púas y envíos forzosos de inmigrantes a ciudades y estados demócratas.
Texas, con el gobernador republicano Abbott a la cabeza, ha intensificado las restricciones para el cruce de inmigrantes alegando afectaciones presupuestarias, a los servicios públicos y a la seguridad de sus ciudadanos.
El enfrentamiento en las cortes federales estaba cantado.
Anticipándose a la demanda, Abbott envió el lunes una carta a Biden en la que defendía el derecho de Texas a instalar las boyas, mientras criticaba a la administración por no hacer nada significativo para disuadir a los inmigrantes a no cruzar hacia Estados Unidos.
“Texas lo verá en la corte, señor presidente”, escribió Abbott.
En una carta la semana pasada, el Departamento de Justicia le dio a Texas hasta el lunes para comprometerse a remover la barrera o enfrentar una demanda federal.
La administración argumentó en su misiva que la barrera de boyas “representa un riesgo para la navegación, así como para la seguridad pública, en el Río Bravo, y presenta preocupaciones humanitarias”.
Según el Departamento de Justicia, Texas desplegó las boyas sin notificar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas ni al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
A la vez, la administración esgrime el argumento de que su política en la frontera tras la eliminación de la orden saniataria del Título 42, el programa de parole humanitario para nacionales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, y la aplicación de asilo CBP One, están funcionando y han reducido los cruces ilegales en un 30% desde mayo.
No es la primera vez que la administración Biden presenta una demanda contra el estado de Texas por sus acciones en la frontera.
En 2021, el Departamento de Justicia acusó al estado de usurpar e incluso interferir la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración, cuando Abbott autorizó a los policías estatales a detener los vehículos que transportaban migrantes con el criterio de frenar la propagación de la pandemia del COVID-19 en su territorio.
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